Castilla y León apela «a la dignidad» frente a un Gobierno que «no escucha»

«Es la dignidad de Castilla y León», avanzaba ya antes de entrar a la cita el también portavoz del Ejecutivo autonómico para mostrar su rechazo. Y a la salida se ratificaba en su posición tras comprobar que «daba igual que una amplísima mayoría de las comunidades autónomas no hubiéramos sido escuchadas, tuviéramos otra idea distinta, quisiéramos otro modelo de participación y ser oídas para dialogar y llegar a un acuerdo». Pero, censuraba Carriedo, el Gobierno de Pedro Sánchez «simplemente» ha «decidido» que son los partidos separatistas «los que establecen la hoja de ruta». Y ahí, recriminaba el responsable de las arcas regionales, «un diálogo y un acuerdo con las comunidades autónomas molesta». Por eso, sostenía Carriedo, es tan reacio a abordar con el conjunto la reforma del sistema de financiación autonómica, «caducado» desde 2014 y que ha quedado «viejo».

«Nosotros venimos a defender el interés general de España», mientras que, contraponía el consejero, «en otras mesas, incluso fuera de España –señalaba Waterloo y Suiza, puntos de encuentro con el prófugo de Junts Carles Puigdemont–» lo que se aborda «es el interés de los partidos separatistas». Y éstos, añadía, «tienen un modelo de cupo muy contrario al interés general de España». De ahí, concluía, que «no» lo quiera plantear en el CPFF, foro de encuentro entre el Gobierno central y los autonómicos de régimen común.

Esa promesa de condonación de la deuda, recriminaba Carriedo, ha llegado «porque –el Gobierno de Sánchez– se debe a los partidos separatistas» y es fruto del «acuerdo» con ERC –de hecho, fue el partido que lo anunció antes incluso que el departamento de Montero–. Y para el modelo de financiación, añadía el consejero, también tiene otro pacto que pasa por «la exclusión» del modelo común. «Hay unos partidos que son los que establecen la hoja de ruta del Gobierno de España y nosotros no estamos dispuestos a que se utilice a las comunidades autónomas para esto», sostenía Carriedo para argumentar el 'plantón', al que siguió una carta firmada por los consejeros populares y los de las dos ciudades autónomas expresando sus quejas y reclamaciones. «Castilla y León y la gente de Castilla y León merece ser escuchada. No somos españoles de segunda, no somos ciudadanos de segunda división», recalcaba el portavoz de la Junta, quien insistía en pedir «multilateralidad» e «igualdad» para «participar como los demás desde el primer momento» en las negociaciones. «Es algo muy sencillo y fácil de entender: queremos ser escuchadas», recalcaba.

Carriedo, quien afeaba que ni siquiera «se sabe» cómo se va a aplicar condonación, insistía en que «la quita no es la solución». «Si es que nosotros no tenemos un problema de deuda», sostenía el consejero, quien recalcaba que «Castilla y León paga» lo que adeuda, por lo que lo que demanda es un modelo «para asegurar la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales». «Con ese ánimo veníamos», apuntaba, a la vez que reiteraba que en la Comunidad «no tenemos un problema de endeudamiento». «Puede que los separatistas lo tengan» por los gastos derivados de la construcción de embajadas o el «referéndum ilegal», y «ahora lo que quieren es que ese gasto en el que incurrieron lo paguemos todos los españoles».

«Y no estamos dispuestos», subrayaba al señalar que «nuestro problema es el de garantizar la financiación de los servicios públicos que prestamos al conjunto de los ciudadanos». Lo que se sostiene, apuntaba Carriedo, con un «nuevo» modelo. «Lo cual no quita» que en ese contexto «hablemos de reestructurar, que no de condonar, deuda». Y mucho menos, añadía, la de «aquellos que se han endeudado», pues «lógicamente» quien lo debe «tiene que hacer frente a sus compromisos». «Castilla y León va a pagar sus deudas, quiere pagar sus deudas, pero Castilla y León quiere pagar las nuestras, no las deudas de las demás comunidades autónomas».