Clavijo espera que el Gobierno contacte con Canarias para cumplir la decisión del TS sobre los menores migrantes

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado estar a la espera que el Gobierno de España contacte con él o con la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, para que «empecemos a trabajar para que esa distribución se pueda hacer, protegiendo al menor, que ya de por sí, ha visto sus derechos vulnerados durante más de un año».

En el plazo de 10 días que marca el auto del Tribunal Supremo, confía en que se dé cumplimiento a la medida cautelar que obliga al Estado a hacerse cargo de 1.000 menores inmigrantes no acompañados solicitantes de asilo, en un trámite en el que desde Canarias se va a «colaborar», ha dicho.

«Siempre hemos querido colaborar, porque lo que queremos es proteger al menor». Aunque puntualizó que «no le han llamado» aún, al menos lo desconocía hasta el momento, espera que a lo largo de este jueves se produzcan contactos.

Clavijo ha asegurado que esta medida será muy importante para Canarias en cuanto a que supondrá también un alivio económico porque la comunidad hasta el momento estaba sufragando esos costes. En lo relativo a los siguientes pasos, ha subrayado que en el objetivo de que proteger al menor, se analizará «caso a caso«.

En cuanto a dónde, si en Canarias o en otra comunidad, se le dará asilo a estos 1.000 menores, el presidente canario ha matizado que será «donde el Estado tenga las plazas«.

Sobre las declaraciones del ministro Ángel Víctor Torres que decía que este fallo llegaba después del decreto ley de distribución entre comunidades autónomas, Clavijo ha dicho que «es evidente que llega después», pero «trata un asunto que no tiene que ver con la distribución«. El auto del Supremo »viene a determinar es que todos los menores que son susceptibles de asilo o protección internacional y lo soliciten, tienen derecho, y es el Estado quien lo tiene que prestar« que es algo que »llevamos un año y pico diciéndole«. »No es competencia de la comunidad autónoma sino de la administración del Estado« y en este sentido, ha dicho, es »contundente diciéndole al Estado que ha hecho dejación de funciones«.

Es claro, asegura, «le da 10 días para que esos menores pasen al sistema nacional, que les atienda de acuerdo a su condición de protección internacional por ser refugiados políticos, por ser de zona de conflictos bélicos o perseguidos por sus condición sexual o religiosa.

Cuestionado por si estos menores estarán dentro del reparto extraordinario acordado por decreto ley, Fernando Clavijo ha aclarado que «de entrada no, no se distribuyen, porque son competencias del Estado.

El Tribunal Supremo «ha dicho que estos menores, en esta condición de asilo o protección, son competencia del Estado» y «no de las comunidades autónoma», por lo que «el Estado tendrá que asumirlo».

Los demás menores sí son competencia de las comunidades autónomas, y por tanto están dentro del reparto afectado por la modificación del artículo 35 de distribución, que son aquellos que no son susceptibles de estar en esta red de acogida internacional.

«Durante mucho tiempo, estos menores han visto vulnerados su derecho de estar un sistema internacional de acogida por parte del Estado y ahora lo que queremos es que colaboraremos entre todos para revertir esa situación«.

La medida cautelar del TS trata un asunto que «no tiene que ver con la distribución», ha subrayado.