Canarias mantiene el pulso con el Estado y no aceptará menores migrantes sin identificar

Con la publicación de este protocolo, Canarias defiende su postura de que los menores llegados a la costa en pateras o cayucos «no están desamparados, porque cuentan con la atención inmediata del Estado, que asume responsabilidades internacionales de rescate en el mar y las competencias constitucionales de control de fronteras y de flujo migratorio hasta su debida asignación o ubicación, según la situación jurídica en que se encuentren». Además, el menor deberá ser escuchado a su llegada, con intervención del Ministerio Fiscal en salvaguarda de sus derechos, antes de ser asignado a la comunidad para su tutela.

El Gobierno de Fernando Clavijo no aceptará a ningún menor en su red de acogida si antes no ha sido identificado, inscrito en el Registro de Menores Extranjeros no Acompañados y con su debida «resolución individualizada por el órgano correspondiente del Estado, previa audiencia del menor, en presencia de un intérprete de su lengua materna u otra que pueda entender, con conocimiento del fiscal», tal y como establece el texto. De esta forma, se exige una «entrevista personal» para conocer si es un potencial solicitante de refugio, asilo o protección internacional, entre otras cuestiones como si tiene algún familiar en España o cualquier otro país de la Unión Europea que «lo pueda acoger».

Noticia Relacionada

Feijóo y Canarias sellan su unidad con un decálogo de medidas para frenar el colapso migratorio

Emilio V. Escudero

La entrega del menor solo se producirá cuando la comunidad de Canarias «verifique» que tiene plazas disponibles, y para ese momento el menor ya debe tener la «documentación individualizada que garantice su correcta identidad y circunstancias individuales, entre ellas las circunstancias en que fue hallado y los datos que sean de interés para los derechos del menor». Toda la documentación entregada con el menor dentro de este protocolo debe ser comprobada por la Policía o «por un funcionario público autonómico» y las actuaciones que cuenten con la intervención del menor deberán incluir también «la firma de intérprete que acredite que el menor ha comprendido la información que le ha sido transmitida».

Por su parte, si existen dudas de que se trate de un menor, se exigirá una resolución «cautelar o urgente» del Ministerio Fiscal que determine si debe ir a un recurso con otros niños y adolescentes o, por el contrario, se le ha de ofrecer ayuda en un centro de adultos.

Con este texto, el Gobierno canario busca poner fin al «desorden» en el proceso de llegada y acogida, para así garantizar los derechos de los menores y evitar riesgos jurídicos para los profesionales, tanto los trabajadores públicos como de las ONG.

En paralelo, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), mantiene que el acuerdo alcanzado sobre migraciones con el Partido Popular y firmado con su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, es para encontrarse «en el diálogo y el entendimiento» por lo que, asegura, «no se entiende el ataque».

La negociación para el acuerdo de la modificación de la ley de extranjería, que liberaría el reparto de menores no acompañados, «no se completó porque no hubo sentada» con el PP, afirmó a los medios, algo que el Gobierno canario sí ha hecho, para así «garantizar los votos y el apoyo de 14 comunidades (12 y 2 ciudades autónomas). Para Clavijo, este acuerdo «sienta las bases en España de cómo tendría que abordarse la situación migratoria» con «un compromiso claro» de los populares.

«Me extrañan los ataques porque es un documento que no va contra nadie sino que es para encontrarnos en el diálogo y el entendimiento», expresó sobre las críticas.

A este pacto se suma el protocolo publicado en el Boletín Oficial de Canarias que apela al acuerdo del pasado 2 de septiembre, debatido en un encuentro entre todos los grupos políticos ante «una situación de emergencia migratoria agravada», al tener «agotados todos los medios materiales y personales de acogida de menores migrantes no acompañados».

Se busca así paliar «el desorden en el acto de recepción de menores en grupo entregados por funcionarios de Policía Nacional a personal de entidades colaboradoras de centros de acogida del sistema de protección de Canarias», que fue la gota que colmó el vaso a finales del mes de agosto, fecha en la que se anunció un «proceso judicial» ante las «presiones» que estaban recibiendo las ONG para la acogida de estos niños recién rescatados del mar.

Este 'Protocolo territorial de recepción de menores extranjeros migrantes no acompañados en la Comunidad Autónoma de Canarias', como ha sido denominado, es «vinculante» para los empleados públicos autonómicos y empleados de las entidades colaboradoras contratadas por la comunidad, y deberá figurar en los contratos para todos los agentes que participan en la red de acogida de los menores.