Un camino de cesiones hasta la próxima foto con Puigdemont

En el verano de 2021 y con Juan Carlos Campo como ministro de Justicia, Pedro Sánchez compareció solemnemente en La Moncloa para anunciar la concesión de la medida de gracia a los condenados por el procés, entre ellos Oriol Junqueras, reelegido líder de ERC y que fue vicepresidente de Carles Puigdemont cuando se produjo el golpe secesionista de 2017 en Cataluña. El perdón concedido supuso la salida de la cárcel de Junqueras y el resto de cabecillas encarcelados, algunos de Junts per Catalunya como el secretario general de la formación independentista, Jordi Turull y Josep Rull, hoy presidente del Parlament.

En 2023 Pedro Sánchez concedió a los independentistas, y por la vía rápida de la proposición de ley parlamentaria, una reforma del Código Penal que suprimió el delito de sedición y rebajó notablemente las penas de malversación. Justo los delitos por los que en octubre de 2019 el Tribunal Supremo (TS) condenó a Junqueras y el resto de cabecillas del procés. Con ello logró mantener el apoyo de ERC como socio de la legislatura, en la que Junts no colaborada aún como socio del Ejecutivo, entonces una coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Sánchez terminó la campaña de las generales de julio de 2023 negando que la fuese a conceder. Cuando el resultado de las elecciones generales del 23 de julio le hizo depender de Junts, no dudó en desdecirse y aceptar las exigencias de los separatistas a cambio de su investidura. Y no fue a la primera, pues los de Puigdemont apretaron hasta el final, incluyendo entre los amnistiados a los procesados por todo tipo de delitos, incluidos los de terrorismo, como ocurría en el caso de los Comités de Defensa de la República, los llamados CDR, o los encausados por Tsunami Democràtic. El Gobierno fue más allá de lo que había incluso prometido, y aún así Junts le hizo perder una primera votación, con Sánchez votando la ley en su escaño azul.

El acuerdo firmado en Bruselas hace un año con Puigdemont incluyó la creación de una mesa de negociación en Ginebra (Suiza) con un mediador internacional, el salvadoreño Fernando Galindo, y con la exploración de un referéndum de independencia sobre la mesa. Desde entonces, y con la asistencia del número 3 del PSOE, Santos Cerdán, y la mediación en muchas ocasiones del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la mesa que trata de internacionalizar el contencioso con los independentistas se ha venido reuniendo de forma periódica y siempre opaca.

Las primeras dificultades del presente mandato se manifestaron ante el reñido apoyo de Junts a los primeros decretos. Puigdemont arrancó al Ejecutivo un compromiso para el traspaso íntegro de las competencias en inmigración. Algo que muchos expertos consideran inconstitucional y que el Ejecutivo no ha sido capaz aún de concretar tras compromerlo por escrito ante los siete diputados de Junts.

El pasado verano llegó otro pago para otra investidura, en este caso la de Salvador Illa como presidente de Cataluña. Sánchez firmó a ERC el compromiso de un concierto para traspasar todos los impuestos, IRPF incluido. Un cupo a la catalana que puso en pie de guerra a la oposición, pero también a la práctica totalidad de gobiernos autonómicos y federaciones del PSOE.

Sin esperar a la reforma del reglamento, que luego se implementó, el PSOE concedió el uso del catalán y el resto de lenguas cooficiales en el Congreso. Fue el primer pago para hacer a la socialista Francina Armengol presidenta de la Cámara Baja. El español dejó de ser la lengua común de todos los representantes en el Parlamento nacional. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se comprometió también a llevar esa reivindicación a las instituciones de la Unión Europea, con mucha menor fortuna.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, finalizó el año confirmando que los Mossos d'Esquadra asumirán las competencias de los puertos y los aeropuertos de la comunidad, que desplazarán a la Guardia Civil y la Policía Nacional de estas infraestructuras, informa Daniel Tercero. Lo hizo justo unos días después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurase que esa transferencia no está sobre la mesa.