Begoña Gómez se querella contra el juez en un paso clave para apartarle del caso
Acusa al magistrado de emprender una «cruzada personal» contra la mujer del presidente por afán político o protagonismo mediático
Acusa al magistrado de prevaricar y emprender una «cruzada» con afán político y mediático
Más que querella, escrito de acusación
Sánchez usa a la Abogacía del Estado para querellarse contra el juez Peinado
La defensa de Begoña Gómez se ha querellado por prevaricación y delitos de revelación contra el juez que la investiga en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Le acusa de emprender una «cruzada personal» contra la mujer del presidente del Gobierno, ya sea «con la finalidad premeditada de buscar un impacto político social» o por «un desmedido afán de protagonismo mediático», con una cadena de resoluciones «manifiestamente injustas» y dictadas retorciendo el derecho penal y obviando todas las garantías procesales.
A lo largo de 53 páginas, el letrado Antonio Camacho enumera toda la batería de resoluciones que ha adoptado el magistrado en estos tres meses de instrucción y que considera injustas, cuando no «estrambóticas» y pide al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que abra causa en su contra y le cite a declarar.
La querella se suma a la ya presentada por la Abogacía en representación de Pedro Sánchez, que ha utilizado a los servicios jurídicos del Estado para atacar al juez desde su condición de presidente del Gobierno, y también a la impulsada contra Peinado por revelación de secretos en esta causa que ha impulsado un particular, el comunicador Máximo Pradera. Sin embargo, a diferencia de las otras dos, la registrada por Begoña Gómez puede tener una consecuencia importante en caso de resultar admitida a trámite: sería el ariete para a continuación instar la recusación del magistrado y apartarle de la causa, como contempla la Ley Orgánica del Poder Judicial. Establece, entre las causas de recusación de jueces y magistrados, que estén o hayan sido acusados o denunciados por «alguna de las partes como responsable de algún delito o falta, siempre que la denuncia o acusación hubieran dado lugar a la incoación de procedimiento penal y éste no hubiera terminado por sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento».
Sería así, la vía más clara, pues al no ser parte en el procedimiento el presidente del Gobierno, que fue citado como testigo, la causa de recusación podría suscitar dudas. En todo caso, su querella ya está en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha nombrado ponente y la admisión no se verá, de acuerdo a las fuentes consultadas, hasta llegado septiembre.
La de Begoña Gómez va por detrás. Si prosperase la recusación, el reemplazo natural de Peinado sería Carlos del Valle, titular del Juzgado número 14 y que firmaba en su lugar la resolución que en julio descartó que Pedro Sánchez testificase por escrito en la causa. El magistrado ha firmado a lo largo de su dilatada carrera de instructor algunas resoluciones que generaron polémica, como la exoneración de Esperanza Aguirre en un asunto de tráfico que luego revirtió la Audiencia Provincial.
En espera del desenlace, lo que expone en su querella el letrado Antonio Camacho es que el instructor actual «ha adoptado decisiones judiciales arbitrarias y manifiestamente injustas», también «estrambóticas» en «una aplicación del derecho incomprensible». «Ha forzado las normas aplicables, ha adoptado decisiones no justificadas, carentes de motivación alguna y contradictorias y, todo ello, sin pie de recurso frente a las mismas en considerables ocasiones», argumenta el escrito presentado ayer ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Sostiene que con el juez Peinado «no cabe hablar en este caso de una actuación simplemente de mala praxis» y detalla toda una batería de decisiones adoptadas por el juez, en su opinión, «a sabiendas» de que eran injustas. El «colofón», dice, es la citación del presidente del Gobierno como testigo, una «decisión sin precedentes en la historia democrática de nuestro país» de la que se enteró «por la prensa» y que coincidía «de nuevo» con «hitos políticos» como el último Consejo de Ministros del verano. «En este procedimiento no hay decisión inocua», dice.
Entre las decisiones sobre las que más incide la querella están las relativas al objeto de la causa, porque la defensa de Begoña Gómez insiste en que pese a su derecho a saber por qué se la investiga, el juez sigue avanzando «sin concretar» el motivo y así, la instrucción «va mutando de modo no argumentado ni razonado», contra lo que prevé el Derecho Constitucional.
También desarrolla con profusión su acusación por revelación del contenido de la causa, ya que acusa al instructor de haber proporcionado documentos del sumario a la acusación popular cuando aún estaba bajo secreto y a la defensa se le negaba, perjudicando «gravemente a los derechos» de Begoña Gómez, sometida a «la pena de banquillo», y a cuanto «la rodea, especialmente su esposo, el Presidente del Gobierno».
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete
Esta funcionalidad es sólo para suscriptores
Suscribete