La Audiencia Nacional rechaza archivar la causa del 3% para el PDeCAT y confirma el juicio oral

El PDeCAT, sucesor políticamente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y, a su vez, semillero de Junts, había pedido a la Audiencia Nacional, cuyo Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, bajo las órdenes de Santiago Pedraz, investigó el caso 3% y lo envió a juicio oral en noviembre de 2022, el archivo de la causa al haberse acordado por el Juzgado de lo Mercantil 8 de Barcelona la extinción de la persona jurídica de dicha formación.

Sin embargo, la Sala de lo Penal ha negado la petición basándose en la sentencia del Tribunal Supremo 324/2017 en la que señala que «aunque la inscripción de la escritura de extinción y la cancelación de todos los asientos registrales de la sociedad extinguida conlleva, en principio, la pérdida de su responsabilidad jurídica, en cuanto que no puede operar en el mercado como tal, conserva esta personalidad respecto de reclamaciones pendientes basadas en pasivos sobrevenidos, que deberían haber formado parte de las operaciones de liquidación».

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Por lo tanto, «a estos efectos, relacionados con la liquidación de la sociedad, esta sigue teniendo personalidad y por ello capacidad para ser demandada». En opinión de la Audiencia Nacional, el PDeCAT, en la causa del 3%, debe poder ser representado «para seguir actuando por medio de su representación procesal a efectos de que la sociedad pueda ser defendida en el acto del juicio». Es decir, la administración concursal está legitimada para hablar en nombre del partido político que creó Artur Mas con la idea de limpiar la imagen de CDC.

El juez Pedraz acordó, en noviembre de 2022, la apertura de juicio oral para el PDeCAT y CDC, así como para los extesoreros implicados en el caso del partido que fundó Jordi Pujol: Germá Gordó, Daniel Osàcar y Andreu Viloca. La instrucción judicial apuntó entonces que a través de estos partidos se habría creado una «estructura» para financiar irregularmente a estas formaciones políticas a través de las licitaciones de obra pública.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional imputó a los inculpados de la supuesta trama los delitos de organización criminal, fraude a las administraciones públicas, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La Fiscalía Anticorrupción solicitó, a su vez, una multa de tres millones de euros para el PDeCAT.

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Además de los citados extesoreros de CDC, Pedraz también envió a juicio oral a otros exdirigentes de la formación, que en algunos casos siguieron teniendo responsabilidades en el PDeCAT, como Francesc Sánchez, Carles del Pozo y Anna Dolors Benítez. La Fiscalía solicitó penas que oscilan entre unos meses de trabajos en beneficio a la comunidad y 21 años de cárcel, en función de los casos.

Viloca afronta un mayor horizonte penal, con 21 años y 4 meses. Gordó, 18 años y diez meses de prisión. Del Pozo, 14 años; y Benítez, diez. Osàcar, por su parte, condenado por el caso Palau de la Música, afronta un año y medio de trabajos en beneficio de la comunidad; y otros dos años de servicios comunitarios para Sánchez. Estos dos últimos, en principio, no entrarían en prisión en caso de ser condenados en función de la petición de la Fiscalía.

En total, se sentarán en el banquillo de los acusados 30 personas físicas y 14 mercantiles además de los dos partidos políticos citados. Entre los involucrados, además de políticos, hay empresarios y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña.