Asuntos Internos, los policías que vigilan a los policías

Las unidades de Asuntos Internos de las Fuerzas de Seguridad están en las últimas semanas en todos los medios de comunicación por dos importantes operaciones: la que acabó con la detención del inspector jefe al mando de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Madrid y la de un capitán que hasta su ascenso estaba al mando del Servicio Fiscal de la Guardia Civil en el puerto de Valencia. En los dos casos, los arrestos fueron por sus relaciones con el narcotráfico.

Fuentes de Asuntos Internos de ambos Cuerpos consultadas por ABC intentan, también en momentos como este, poner la cuestión en su justo término: «Hay más de 160.000 policías y guardias civiles y es evidente que en un colectivo tan amplio y que trabaja con materias tan sensibles siempre va a haber corruptos. Pero el porcentaje es muy bajo, y cuando se detectan, sea quien sea y tenga el rango que tenga, nos vamos a por él. Nuestro lema es que el que la hace, la paga. Y las últimas operaciones, pero también otras muchas que a veces ni se conocen, lo demuestran».

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La especialización y la discreción de los hombres y mujeres de las unidades de Asuntos Internos son sus mejores armas. Muy pocas personas deben saber en qué trabajan, porque es la única forma de ser eficaces y destapar las conductas inapropiadas de otros agentes. No dan su nombre real, pocas veces se llevan reconocimientos y, si de algo tienen fama, es de ser incorruptibles.

En el otro lado, el de los uniformados que cruzaron la línea, la principal motivación suele ser el dinero fácil, que a veces hasta consiguen sin mancharse las manos, sólo por hacer la vista gorda. Estos 'garbanzos negros' cuentan con ventaja porque saben cuáles son los métodos del trabajo policial. Los expertos perciben -aunque puede variar- un patrón que se repite: son varones, en la cuarentena, destinados en lugares de tránsito y contacto con el tráfico de drogas como son los puertos o aeropuertos, en especial en zonas del Levante y Andalucía. De ahí que en Guardia Civil haya un índice de corrupción mayor, porque son los responsables de la vigilancia y control de estas zonas.

Según datos del Gobierno, de 2015 a 2024, casi 1.100 agentes de ambos Cuerpos, tanto de Policía Nacional (79) como de Guardia Civil (1.018), fueron condenados y expulsados del Servicio por delitos que van desde la pertenencia a organización criminal y contra la salud pública, a ilícitos de cohecho, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos. También constan penas por malos tratos en el ámbito familiar.

No existe en la administración una base de datos única que recoja los agentes o exagentes de ambos Cuerpos que estén o hayan sido investigados, sancionados o condenados, así que el informe cuenta con las cifras aportadas por la Policía y el Instituto Armado; y las que sí existen, no recogen información de los policías o guardias civiles que puedan estar en prisión, entre otras razones, «porque es posible que la condena implique la separación del Servicio y que dejen de ser agentes de los Cuerpos», según recoge una respuesta remitida por la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, después de que EH-Bildu solicitara de manera formal las estadísticas en el Congreso el pasado diciembre.

Aun así, la información disponible (de 2015 a 2024) y recogida en el escrito consultado por ABC, revela una media de 109 agentes condenados al año, alcanzando su cifra máxima en 2016 con 147 y su mínima el año pasado con 78, sumando en ambos casos a los afectados tanto de Policía como de Guardia Civil. Destaca además un descenso gradual de los uniformados condenados desde 2021, un año después de que estallara la pandemia del covid-19, cuando se registró por primera vez una cifra por debajo de la centena.

No obstante, muchas de las operaciones explotadas entonces aún no han sido juzgadas y, por tanto, los agentes implicados no están incluidos en la estadística.

Según otro informe al que tuvo acceso este diario, hubo 642 guardias civiles denunciados o imputados en 2024, hasta el pasado 18 de diciembre. Y si nos remontamos a 2015, la media anual es de 556. Desde Policía Nacional no se han aportado datos al respecto a pesar de haber sido pedidos por ABC de forma reiterada durante semanas. Estas cifras tampoco han sido incluidas en la respuesta parlamentaria.

Quedan por tanto fuera de la estadística todos aquellos casos pendientes de juzgar, como la operación Grapa y Trinquete, sobre el presunto amaño de contratos, especialmente de uniformes, por parte de los responsables de compras del Cuerpo. O el de los miembros del grupo de estupefacientes de la Policía en Mérida, detenidos en 2021 por Asuntos Internos por dedicarse al tráfico de hachís. También el del exjefe de UDEF en Madrid, al que los agentes encontraron en noviembre más de veinte millones de euros emparedados y repartidos entre dos viviendas y su despacho.

Hay otro asunto, especialmente doloroso para el Servicio de Asuntos Internos (SAI), también pendiente de juicio: el presunto chivatazo que uno de los suyos le dio al teniente coronel David Oliva -en su día azote del narco al frente de Antidroga en el Estrecho de Gibraltar- y su número dos, sobre investigaciones en curso.

Según los datos, en 2024, cinco agentes del Instituto Armado ingresaron en prisión provisional, entre ellos el exresponsable del Puerto de Valencia. Además constan otros dos por pertenencia a organización criminal y otros dos casos por malos tratos. Policía Nacional tampoco ha facilitado datos al respecto.