Peligra el reparto de alimentos básicos para 280.000 andaluces en situación vulnerable

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, alerta de que el nuevo modelo, tal como está diseñado por el Gobierno y con la dotación financiera de la que dispone, tan sólo podrá atender en Andalucía anualmente a entre 15.000 y 20.000 familias con menores a su cargo, lo que sostiene apenas sumará 50.000 beneficiarios en el mejor de los casos. El censo atendido actualmente por las entidades de reparto está cifrado en 330.158 personas. El 85% de las mismas quedaría fuera, entre ellas el colectivo de mayores que viven solos, sin techo, refugiados e inmigrantes.

Ante la gravedad de la situación, la consejera de Inclusión Social acaba de remitir sendos escritos a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, alertando del perjuicio que ocasionará el cambio del Programa FSE+de Asistencia Material Básica de España y pidiendo que se reconsidere, para lo que solicita además un encuentro urgente con ambos ministros.

En las misivas, a las que ha tenido acceso ABC, la consejera recuerda que dicho programa, que fue aprobado en diciembre del año pasado por la Comisión Europea, supone un cambio de paradigma en la prestación de ayuda alimentaria a la población y que estaba previsto que sustituiría a partir de enero de 2024 al gestionado a través de entidades de distribución tan solventes como Cruz Roja y los Bancos de Alimentos, que se ha desarrollado desde 2014 a través del Fondo de Ayuda Europea para las Personas Más Desfavorecidas (FEAD).

El nuevo modelo del Gobierno tiene su piedra angular en la licitación de tarjetas o vales a través de un acuerdo marco para la selección de proveedores que suministren productos de alimentación y de asistencia material básica o intermedien con los proveedores, con lotes por cada comunidad autónoma.

Sería cada comunidad autónoma la que tramitaría los contratos basados en dicho acuerdo marco para gestionar el programa en su ámbito territorial. Sin embargo, critica que, hasta la fecha, «la falta de transparencia y coordinación» por parte de ambos ministerios, «incapaces de cumplir los plazos comprometidos, ha venido creando un escenario de incertidumbre y desconcierto en las comunidades autónomas, al transcurrir los meses sin noticias sobre la licitación y generando esto un retraso irreparable en la gestión que corresponde a los Gobiernos regionales».

La consejera destaca que ambos ministerios han reconocido «su incapacidad» para licitar el citado acuerdo marco, de modo tácito en el Consejo Territorial de Servicios Sociales de 25 de octubre y explícitamente en la Comisión Delegada de dicho Consejo de 27 de noviembre, «donde se reconoció que no está previsto licitarlo».

Además, añade que en un reciente correo electrónico remitido a las comunidades autónomas, se traslada una propuesta de modificación del programa «con la que se ha pretendido justificar de modo lacónico la renuncia a la licitación del acuerdo marco por la complejidad desde el punto de vista de las normas de contratación y presupuestarias, sumado también a los largos plazos de tramitación».

Ante tal situación, desde el Gobierno se ha formulado un plan «para abordar la crítica situación que se avecina» tras la finalización del FEAD. Así, hasta marzo de 2024, las entidades de reparto disponen de los recursos del FEAD, por lo que hasta entonces podrán seguir prestando asistencia alimentaria. Sin embargo, a partir de ese mes, será el Ministerio el que asuma la provisión de tarjetas en colaboración con entidades del tercer sector para cubrir hasta diciembre de 2024.

El coste de este sistema provisional se imputará al programa, por lo que desde la Junta se alerta que se detraerá a los fondos asignados a las comunidades autónomas, que además, deberán asumir la valoración y el seguimiento de los beneficiarios, por lo que dicha gestión recaería en los servicios sociales comunitarios, que tendrán que corroborar que las familias cumplen los requisitos como nivel de renta y menores, así como efectuar la prescripción de la tarjeta y de las medidas de acompañamiento. A partir de enero 2025, las comunidad asumirían completamente el programa, debiendo contar en ese momento con un sistema para la provisión de las tarjetas.

Atendiendo a los últimos datos publicados en septiembre de 2023, la Federación Española de Bancos de Alimentos y la Cruz Roja Española distribuirán en Andalucía en la segunda fase y última del FEAD un total de 9.071.033 kilos de alimentos por valor de 16.374.366 euros a través de sus 18 centros de almacenamiento y distribución a 1.295 organizaciones asociadas de reparto, que, a su vez, atienden a 330.158 personas.