¿Demasiada seguridad en el Congreso de los Diputados?
Críticas de los grupos parlamentarios al dispositivo policial despleglado estos últimos días en las cercanías de la Cámara Baja
Excesivo e injustificado para el PSOE . Una señal de que algo no funcional, para Izquierda Plural . La imagen de un país en una situación de emergencia, para UPyD . Unas medidas necesarias, para el Ministerio del Interior.
El Congreso celebró ayer un pleno extraordinario con el tráfico cortado en la Carrera de San Jerónimo y con restricciones a la circulación de viandantes. Lo impedían, como ocurre desde hace días, vallas fijas y una fuerte presencia policial.
Con estas medidas de seguridad, Interior intentaba garantizar así la normalidad, después de tres jornadas consecutivas de manifestaciones contra los recortes anunciados el pasado miércoles por Mariano Rajoy . Protestas que se desarrollaron en el centro de Madrid y que se han aproximado al Congreso .
La Cámara Baja es un «espacio inviolable»
Y es que la Cámara Baja, se encargó de recordar Interior, es un «espacio inviolable», una línea roja que no se puede cruzar. Una opinión que no comparte el Grupo Socialista. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez , dijo que el dispositivo policial fue «excesivo de injustificado».
Alfonso Alonso , portavoz parlamentario del PP, respondió al PSOE que «cuando ellos gobernaban también se adoptó ese dispositivo». Reconoció, eso sí, que el despliegue policial no le gustó: «Yo entiendo que son los responsables de la seguridad los que tendrán que tomar esas decisiones».
Lo cierto es que el Código Penal , promover, dirigir o presidir «manifestaciones u otra clase de reuniones ante las sedes del Congreso de los Diputados, del Senado o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, cuando estén reunidos, alterando su normal funcionamiento» está tipificado con pena de prisión de seis meses a un año o una multa de doce a veinticuatro meses.
El Código Penal castiga manifestaciones violentas frente al Congreso
Emplear la fuerza, violencia, intimidación o amenaza grave «para impedir a un miembro del Congreso de los Diputados» asistir a sus reuniones o coartarles la «libre manifestación de sus opiniones o la emisión de su voto» está castigado con prisión de tres a cinco años. Injuriar gravemente a las Cortes Generales «hallándose en sesión» conlleva una multa de doce a dieciocho meses.
Ayer en las proximidades del Congreso solo se permitía el paso a diputados y personal parlamentario , así como vecinos y trabajadores de empresas radicadas en la zona. «Cuando el Parlamento se tiene que defender de sus representados es que algo no funciona», denunció Izquierda Plural.
«Los diputados de la Izquierda Plural no necesitamos ser protegidos de los ciudadanos; el peligro para el Congreso y para la democracia viene de los especuladores», denunció Joan Coscubiela , de ICV. José Luis Centella , de IU, señaló que un «Parlamento vallado es un Parlamento temeroso».
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