Junts y ERC llevan las elecciones al 30 de mayo y el PSC valora impugnarlas

Antes de las 19.00 horas, Pere Aragonès (ERC) , presidente en funciones de la Generalitat, firmó el decreto de suspensión electoral y cambio de fecha. A esas horas, el día del 30 de mayo ya se sabía como nueva fecha electoral, pues en la reunión del Gobierno catalán con los partidos, por la mañana, se dio a conocer. El PSC, los comunes y el PDECat mostraron su disconformidad por el día escogido, al entender que se aleja demasiado del 14-F.

Aunque fueron tres partidos (de ocho) los que no vieron bien el 30 de mayo, solo los socialistas que presentan a Salvador Illa, ministro de Sanidad, como candidato a la Generalitat, se mostraron dispuestos a dar el paso de impugnar la decisión del Gobierno catalán. Y es aquí cuando empieza el espacio de lo ignoto, pues ni hay regulación legislativa al respecto ni precedentes comparables jurídicamente .

El decreto firmado por Aragonès ayer solo establece el cambio de fecha: del 14 de febrero al 30 de mayo. Faltará un nuevo decreto con la convocatoria, que deberá firmarse a 54 días del 30 de mayo, es decir, al paso de los siete primeros días de abril. Y, junto al decreto de convocatoria, otro con las llamadas normas complementarias.

Es este tercer decreto con el que, según el PSC, el Gobierno catalán pretende cambiar «las reglas» de juego a mitad de la partida. Miquel Iceta , tras la reunión parlamentaria, lo dejó muy claro: «Una cosa es cambiar la fecha de las elecciones y otra las reglas de juego» . Y concretó que el PSC impugnará la decisión si la nueva convocatoria supone un cambio del camino andado, es decir, que se modifiquen «listas» o surjan nuevas «coaliciones».

Los socialistas temen, según confirmaron a ABC fuentes de la dirección, que se produzcan «nuevos fichajes» —en Ciudadanos, por ejemplo— o que, los independentistas, al ver que las encuestas «no les gustan», se animen a formar alguna coalición electoral al estilo de la de Junts pel Sí de 2015, en la línea de lo avanzando por este diario el miércoles de esta semana.

El lío jurídico es morrocotudo, empezando porque no se sabe a ciencia cierta si el recurso a la decisión de la Generalitat se debe interponer ante la Junta Electoral Central (JEC) —que recibirá el decreto firmado por Aragonès por orden del Gobierno catalán— o el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Y siguiendo porque la impugnación no parece solo potestad de los partidos políticos, a los que se sumó Vox , según informó Santiago Abascal ayer desde Barcelona, sino que también un ciudadano podría impugnar .

Por si todo esto no fuera suficiente, el Gobierno catalán, en el preámbulo del decreto firmado por Aragonès, justifica la decisión del cambio de fecha electoral sustentándose en cuatro informes de los que tres (fechados ayer mismo por los servicios jurídicos de la Generalitat, el director de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y, el tercero, por la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia) nadie nada más que el ejecutivo autonómico tenía conocimiento y, por lo tanto, ningún partido de la oposición vio o consultó en la reunión de por la mañana.

Tras la firma del decreto, Aragonès y Budó, en una comparecencia sin medios de comunicación, señalaron que la decisión adoptada «es la mejor opción para luchar contra la pandemia y para garantizar el derecho al voto» y confían en que para la primavera se viva «un contexto más favorable» que permita la votación.

De todas formas, según el decreto, que se publica hoy en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC), el 30 de mayo también queda condicionado a un «análisis previo de las circunstancias epidemiológicas y de salud pública y de la evolución de la pandemia». Es decir, el Gobierno catalán podría volver a suspender la cita del 30 de mayo.