El Gobierno prepara el atajo para excarcelar a 50 etarras

Entre las de este año para el Ministerio de Justicia, destaca una para modificar la Ley Orgánica 7/2014 , la misma que impide a los etarras acogerse a una normativa europea de 2008 que permite descontar a un condenado en un país de la UE las penas que ya haya cumplido en otro Estado miembro. Es el caso de muchos etarras detenidos en Francia, donde pasaron varios años en prisión antes de ser condenados por distintos delitos en España.

Ya entonces esos etarras vieron en esa decisión marco de la UE una puerta abierta para salir antes de la cárcel en nuestro país. Pero el Gobierno de Rajoy les cerró el paso al incluir en la mencionada ley de 2014 dos apartados para minimizar el alcance de esa normativa europea. Así, el artículo 14 deja claro que las condenas de otros países «no tendrán ningún efecto, ni tampoco podrán provocar la revocación o revisión» de sentencias españolas cuando estas últimas sean anteriores o por delitos cometidos en nuestro país antes de que el criminal en cuestión fuera condenado en otro país, por ejemplo Francia.

Para acotar más todavía el número de etarras que pudieran aprovecharse de esta medida, la ley española incluye también una disposición adicional en virtud de la cual esta decisión europea «en ningún caso» aplica a condenas de otros países anteriores al 15 de agosto de 2010, que era la fecha límite para trasponer esa normativa de la UE a la legislación española. Con esas limitaciones objetivas y temporales, España ha conseguido evitar hasta ahora que muchos etarras se puedan acoger a esta vía para ahorrarse años de cárcel en nuestro país, a pesar de que lo han seguido intentando por otros medios. Por ejemplo, a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en 2018 avaló la mencionada ley española y evitó así que ya entonces hasta 70 presos de ETA se beneficiaran de esta decisión marco de la UE.

Así las cosas, a los etarras ya solo les queda una opción: que se deroguen esos dos apartados de la Ley Orgánica 7/2014 que les impiden restarse buena parte de las condenas que les quedan por cumplir en cárceles españolas. Y para eso es imprescindible una mayoría que Bildu solo puede conseguir con el apoyo de los dos partidos del Gobierno (PSOE y Unidas Podemos) y de sus aliados habituales, como ERC y PNV.

Y lo cierto es que, como reconocían ayer fuentes del Gobierno a este periódico, la operación ya está «en marcha» y planteada «a las claras» por el propio Ejecutivo, como se recoge en su hoja de ruta normativa para este año. Las mismas fuentes intentan justificar esta decisión vinculándola con la mencionada disposición europea de 2008. Pero esta no obliga a reformar la ley española que ha impedido hasta ahora a los etarras aprovecharse de esas rebajas de condenas. De hecho, esa ley de 2014 y los dos apartados que limitan en gran medida que los presos de ETA puedan acogerse a esa norma europea han sido avalados de forma reiterada y contundente por los tribunales españoles y europeos. La decisión de modificarla, por tanto, responde a motivos estrictamente políticos.

Prueba de ello es que el PSOE ha ido variando su posición respecto a esta reivindicación de Bildu y el entorno proetarra. En 2018, cuando el TEDH avaló la legislación española que impedía a los etarras descontarse las penas de Francia, la entonces líder del Partido Socialista de Euskadi (PSE) y actual número dos del Gobierno vasco, Idoia Mendía, calificó de esta decisión del tribunal europeo como «positiva».

Ya con Sánchez en La Moncloa, el PSOE viró hacia la abstención en este asunto cuando a finales de 2018 tuvo que votar en el Congreso una proposición del PNV para lo mismo que ahora pretende el Gobierno: quitar de esa ley de 2014 todo lo que impida a los etarras restarse en España el tiempo que han estado en cárceles francesas.

Esa propuesta del PNV ni siquiera fue tomada en consideración porque se tumbó ya en primera votación por la suma de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Y gracias a la abstención del propio PSOE de Sánchez frente a todos los nacionalistas, independentistas y secesionistas de la Cámara Baja. Pero un partido de Gobierno como Unidas Podemos ha vuelto a la carga en la presente legislatura. Hace menos de un año, el pasado mes de mayo, registró otra iniciativa idéntica y con el mismo objetivo. Un intento más de sacar adelante esta exigencia del entorno proetarra que ya ha dado un paso de gigante al ser incluida en los planes del propio Gobierno para este año.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) confirmó ayer a este periódico que ya está preparando un dosier informativo y que solicitará reuniones con todos los grupos políticos –a excepción de Bildu– para alertarles sobre la dimensión y gravedad de esta medida que, según la propia AVT, permitiría excarcelar a unos 50 presos de ETA durante los próximos meses y años. Algunos de forma inmediata y, en cualquier caso, todos ellos bastante antes de lo previsto en las condenas impuestas por los tribunales españoles en virtud de esa ley que pretenden modificar el Gobierno y sus socios parlamentarios.

La AVT recuerda que hay etarras con delitos de sangre y que ocuparon altas responsabilidades en la banda terrorista que no cumplirán su condena en España hasta la próxima década y que, con esta medida, lo harían en los próximos meses y años. Por ejemplo, Juan Ramón Carasatorre, condenado hasta 2034 por varios asesinatos, entre otros el de Gregorio Ordóñez, pero que ya el próximo año quedaría en libertad al descontarse los once que pasó en Francia. Lo mismo para dos de los etarras más sanguinarios, como Txapote y Kantauri, condenados por crímenes como el de Miguel Ángel Blanco. Terminan sus condenas en 2031 y 2032, respectivamente. Con esta medida, ambos lo harían en apenas tres años, en 2025.

Para el secretario de Justicia e Interior del PP, Enrique López, esta maniobra del Gobierno supondría «retorcer y poner el Estado de Derecho al servicio de quienes odian España por fines políticos espurios». Algo que el también consejero del Gobierno madrileño considera «profundamente injusto con las víctimas de ETA y con la sociedad española», ya que, como denuncia Enrique López, sería una «irresponsabilidad y un ataque a la institucionalidad» de España.