Mapa del enchufismo en España: una historia de asesores, bomberos y cuñados

La acusación contra la alcaldesa de Manilva y su familia

Antonia Muñoz Vázquez, alcaldesa de Manilva (Málaga), es famosa a nivel nacional por haber sido denunciada en 2011 por el presidente del comité de empresa del consistorio, Francisco Román, a causa de la contratación supuestamente irregular de 108 personas, entre las que se encuentran familiares directos de Muñoz.

Actualmente, el juzgado de instrucción número 5 de Estepona investiga el caso. «Muñoz está creando un sistema de clientelismo político en el cual beneficia a los afines a su partido, Izquierda Unida, o a los familiares de éstos», explicó Francisco Román cuando realizó la denuncia.

Según un informe de la Guardia Civil en manos del juzgado, se concluye que entre 2007 y 2011 solo 49 personas fueron contratadas siguiendo un proceso de selección y «algunos de los criterios de publicidad, transparencia, profesionalidad e independencia».

No obstante, ante las presiones políticas, Antonia Muñoz Vázquezse dio de baja de Izquierda Unida en junio del pasado año, tras rechazar la petición de dimisión que le hizo la dirección provincial por las supuestas irregularidades. Desde entonces, la edil mantiene el sillón con el apoyo de un grupo independiente.

El exalcalde de Vigo denuncia una trama con 22 familiares «enchufados»

Tras apuntar desde hace tiempo una trama de corrupción y enchufismo en el Ayuntamiento de Vigo, el exalcalde del municipio gallego Carlos Príncipe decidió hace unos días, en una información que recoge el Faro de Vigo, poner todas las cartas sobre la mesa. «Hay una trama organizada, no por casualidad, destinada a favorecer con empleos financiados con dinero público a familiares directos de dirigentes socialistas del clan del señor Caballero», afirmó Príncipe solicitando por carta al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y al líder del PSdeG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, que abran una investigación sobre la red de «enchufes» que supuestamente mantiene abierta Abel Caballero desde que es presidente local del partido y alcalde.

Dicha petición forma parte de las alegaciones que ha remitido a los instructores de su expediente disciplinario y que le podría acarrear la expulsión del PSOE por cuestionar la legalidad de la gestión municipal de Caballero. No en vano, la acusación se extiende a 22 familiares y allegados de militantes del círculo más fiel al alcalde.

Príncipe incluye en la supuesta red de favorecidos a una hermana de la teniente de alcalde y diputada, Carmela Silva, así como a tres cuñadas de la misma dirigente. De esta forma, la hermana de Silva fue supuestamente contratada en FCC, concesionaria de limpieza viaria y recogida de basuras; y dos cuñadas de la misma teniente de alcalde también habrían sido fichadas a cuenta de programas de empleo del Concello.

El exalcalde vigués aporta en sus alegaciones documentos que acreditarían algunas de estas contrataciones.

El presidente de la Diputación Provincial de Orense enchufó a 104 personas

En julio de 2014, el juzgado de lo penal número uno de Orense condenó a José Luis Baltar, presidente de la Diputación Provincial de Orense desde 1987 a 2012, a nueve años de inhabilitación por el delito de prevaricación continuada en relación con las 104 contrataciones hechas en 2010 para la Diputación sin cumplir con los requisitos legales de publicidad, mérito y capacidad.

Según el auto del juez, Baltar «se limitó a contratar a aquellas personas que le vinieron en gana, atentando contra la función pública» y «prescindiendo de las formalidades establecidas» para estos procesos.

No en vano, la condena no ha tenido efectos reales ya que el político gallego se encuentra ya jubilado.

Un examen lleno de «irregularidades» para ser bombero en Córdoba

Las pruebas para ser bomberos en Córdoba que se realizaron hace cinco años son objeto de una investigación judicial por supuestos amaños para colocar a familiares y allegados. En una causa que continua abierta, la acusación particular sospecha que las maniobras para situar a determinados aspirantes en un puesto de privilegio llevan años mostrando irregularidades.

Entre 2008 y 2009, el Consistorio de Córdoba, entonces gobernado por Izquierda Unida, sacó a oposición 25 plazas para el Cuerpo de Bomberos municipal donde se presentaron más de 1.600 aspirantes. Solo 130 llegaron al examen práctico que, supuestamente, se realizó con múltiples irregularidades. Todos los que pasaron las pruebas, hoy integrados en la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), declararon como imputados en la investigación que realiza el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Córdoba, José Luis Rodríguez Lainz, centrada en el posible fraude de la prueba para enchufar a los seleccionados. Dos miembros de la Junta de Personal Municipal también han sido imputados.

Como ejemplo del tipo de irregularidades que se investiga, se señala un extracto de expediente fechado el 15 de octubre de 2008, donde se declara apto a un aspirante al que se había rechazado por no cumplir la prueba de agudeza visual necesaria para hacer el examen. Este candidato fue finalmente aceptado tras presentar un informe oftalmológico encargado a una clínica privada. Con esta decisión, el propio tribunal incumplía su norma de tener solo en cuenta los informes médicos municipales y no los encargados por los aspirantes en clínicas privadas.

Un caso que afecta directamente a ERC

El extenso mapa de enchufismo en España demuestra que pocos partidos se libran de estar bajo la sospecha de haber realizado esta práctica tan española. Miembros de la Asamblea de Parados de San Vicente dels Horts (Barcelona) llevan meses denunciando la «opacidad» en las contrataciones municipales de este municipio gobernado por el líder de ERC, Oriol Junqueras.

«No estamos de acuerdo en el sistema de contratación, por la falta de transparencia y el incumplimiento de los criterios objetivos, publicados en las bases para formalizar la misma, teniendo en cuenta que toda opacidad a la hora de las contrataciones da pie a pensar que solo tiene derecho a comer (trabajar) los familiares del equipo de gobierno del ayuntamiento. Que son parte de los contratados en estos planes», indicó esta Asamblea en un comunicado, en el que se habla de «amiguismo y enchufismo» en el Consistorio.

«Las contrataciones municipales deben recaer sobre criterios claros y objetivos, no sexistas, huyendo de que una sola persona se atribuya la potestad de quien trabaja y quien no, porque los cerca de 3.200 parados que hay en Sant Vicente tienen todos el mismo derecho a trabajar», añaden.

«Pedimos al equipo de gobierno municipal, que en próximas contrataciones, la transparencia, la participación y humildad sean señas de otra forma de gestionar los empleos que se puedan generar», concluye la Asamblea de Parados que promete seguir manifestándose en contra de este sistema de contratación.

La Junta de Andalucía y su «ley del enchufismo»

En la actualidad, tres años después de que la Junta aprobara la Ley de Reordenación del Sector Público, conocida también como «ley del enchufismo», decenas de sentencias de juzgados de lo Contencioso y del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han puesto de manifiesto que los miles de trabajadores contratados como laborales –sin oposiciones– en la «admnistración paralela», legalmente no pueden pasar a unas agencias de nueva creación con las mismas condiciones que los empleados públicos de carrera.

Pese a los reiterados fallos judiciales que dan la razón a los sindicatos y plataformas de funcionarios que recurrieron la normativa, el Ejecutivo que preside Susana Díaz mantiene una especie de desafío a los tribunales, un empeño con el que ha conseguido un efecto no deseado, que ese personal externo «subrogado» se encuentre en estos momentos en el «limbo» desde el punto de vista laboral.

Alertan de que el alcalde de Benidorm reincide en «enchufismo»

A pesar de hallarse inmerso en un proceso judicial que analiza 43 posibles casos de «enchufismo», miembros de la oposición han denunciado recientemente que el alcalde socialista de Benidorm, Agustín Navarro, continúa con las prácticas que le han llevado recientemente a dar explicaciones ante el juez sobre la gestión de los recursos humanos del Ayuntamiento que dirige.

Entre ellas, la contratación de dos traductores-intérpretes incorporados al servicio de atención al extranjero sin que hubiera constancia de convocatoria o proceso selectivo público.

Así lo denunció a principios de año el Sindicato Profesional de Policías y Bomberos de Benidorm (SPPLB), desde donde se asegura que se trata de una nueva vulneración por parte del gobierno local de la obligación de garantizar y facilitar el libre acceso de todos los ciudadanos al empleo público.