Yolanda Díaz presiona a las grandes empresas para que apoyen su rebaja de jornada

El primero en pasar por el despacho de Díaz será el consejero delegado de Telefónica, Ángel Vilá, compañía en la que ya está en marcha desde el pasado 1 de julio el proceso para reducir progresivamente la jornada laboral de su plantilla en España hasta las 36 horas semanales en 2026, convirtiéndose así su convenio en el primero de las grandes firmas que da el paso hasta esos niveles.

Tras Vilá, será el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, quien se reúna con la vicepresidenta segunda para intercambiar impresiones sobre las ventajas de aplicar la reducción de jornada en las compañías. Precisamente, en julio de 2022, el grupo asegurador firmó con sus representantes sindicales el nuevo convenio que redujo en ocho horas el cómputo anual de trabajo.

Con Vilá y con Huertas, Díaz ha abierto la primera tanda de contactos con el tejido empresarial español, si bien, según ha podido saber ABC, hoy a primera hora de la mañana estaba agendada una reunión con el presidente ejecutivo de Seat y Cupra, Wayne Griffiths. Las fuentes explican que esta reunión no tiene como tema principal tratar la reducción horaria, si bien la ministra de Trabajo aprovechará el encuentro para intentar ponerlo sobre la mesa, aunque hablarán de la dimisión de Griffiths hace un mes como presidente de Anfac, ante las divergencias surgidas con la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por las demandas del sector sobre las inversiones en redes eléctricas.

La hoja de ruta de Yolanda Díaz con la semana laboral es reducirla este mismo año a 38,5 horas y a 37,5 horas el próximo, con o sin acuerdo con las empresas, que difícilmente sellarán un pacto si el acuerdo no introduce, entre oras cosas, un periodo transitorio que permita que los convenios colectivos cumplan su vigencia para posteriormente adaptar las jornadas de trabajo a la rebaja que propone Trabajo sin tocar el sueldo al trabajador.

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Susana Alcelay

Medio año ha estado el Gobierno y los agentes sociales negociando un cambio legal que apeará a España de las 40 horas semanales, reforma que ha desatado una tormenta en el Gobierno por el modo en el que la ministra quiere imponer el cambio legal, sin tener en cuenta a las empresas. El 'modus operandi' ha sido cuestionado por los organismos internacionales, como la OIT, la OCDE o el FMI, y dividido al propio Ejecutivo. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se alineó hace unos días con las empresas y aseguró que existe el suficientemente margen de flexibilidad como para permitir que puedan adaptarse a este cambio regulatorio y, por tanto, que pueda hacerse realidad un pacto social «con aportaciones de todos». Las declaraciones del titular de Economía se produjeron después de que Cepyme hiciera público un manifiesto contra el intervencionismo del Gobierno en la gestión de las empresas que cayó como un rayo en La Moncloa.

Los desencuentros entre el Gobierno y la CEOE son públicos tras años de medidas duras, de subida de impuestos y de más de una treintena de cambios legales al margen del diálogo social. Y la rebaja de jornada si Díaz no cede a las propuestas empresariales amenaza con sumarse a esa lista de desavenencias, un clima enrarecido con el aval y el mayor protagonismo a Conpymes, la patronal amiga amadrinada por Begoña Gómez. No ayudará tampoco en el camino hacia el acuerdo el paso por el Ministerio de Trabajo de las grandes firmas a las que ha citado desde hoy la titular de ese departamento.

Hasta hora la negativa del Gobierno a las propuestas de la patronal han sido una constante. Trabajo llegó a acusar a la CEOE de «burlar» de diálogo social y de intentar plantear una «estafa» en la negociación de reducción de jornada cuando la organización que dirige Antonio Garamendi reclamó un incremento paralelo a esa rebaja prevista de las horas extraordinarias máximas anuales, actualmente fijadas en 80 horas. La subida de tono del equipo de la vicepresidenta en declaraciones públicas puso al borde de la ruptura las negociaciones y se acompañó de la exigencia de una propuesta por escrito a CEOE en un plazo de siete días. «Al monólogo yo no tengo por qué contestar con nada, directamente que hagan lo que tengan que hacer», dijo en respuesta el presidente de la organización empresarial.

Un nuevo encuentro volvió ayer a constatar que el acuerdo está lejos, aunque Trabajo suavizó el tono fuera de las mesas de negociación y aseguró que está abierto a dar un mayor plazo para la entrada en vigor de las 37,5 horas semanales, una medida que según Cepyme tendría un coste directo en forma de subida salarial encubierta de 12.000 millones y de 42.000 millones si se tiene en cuenta la pérdida de valor añadido bruto. A la espera ha quedado los agentes sociales de una nueva propuesta por escrito.

Lo que es ya una realidad es que la norma tendrá férreos controles para que las empresas cumplan con el recorte de la jornada. Para asegurarse que lo hacen y esquivar posibles fraudes, Díaz dará un papel activo a la Inspección de Trabajo que, en este caso, tendrá acceso remoto al registro horario de los trabajadores. La idea es la digitalización completa de ese registro y control de las horas realizadas para permitir, de esta forma, la supervisión de los inspectores en tiempo real. Una actuación que se acompañaría de importantes sanciones para los infractores.

La reforma que plantea la vicepresidenta segunda no afecta a las grandes empresas que operan en España con las que hoy comienza a reunirse, la mayoría con jornadas inferiores a las 40 horas. Serán los pequeños negocios, los empleados del comercio, de la agroganadería y la hostelería los más afectados, según datos de Cepyme a partir de la base de datos del Ministerio de Trabajo. Por ello, el presidente de ATA y vicepresidente de CEOE, Lorenzo Amor, reclamó ayer «medidas compensatorias» para evitar el «serio impacto» en las pymes del recorte de jornada que la ministra de Trabajo pretende aprobar antes de agosto. Recordó, por ejemplo, que en Francia la medida se acompañó de un aumento de la bolsa de horas y de una rebaja de cotizaciones. «Hay muchas fórmulas», dijo Amor. Ahora la pelota está en el tejado de Yolanda Díaz si quiere que sellar un primer pacto de legislatura.