Sánchez endosa 71.000 millones de euros de deuda al sistema de pensiones en cinco años

Entre medias, la pandemia y la guerra de Ucrania han obligado a la Seguridad Social a realizar esfuerzos extraordinarios, como la mejora que se estableció en el cese de actividad para los trabajadores autónomos, la bonificación de la cotización de los empleados en ERTE o la aprobación de una nueva prestación, la del ingreso mínimo vital, que han tensionado las cuentas del sistema encargado de pagar las pensiones en nuestro país.

De hecho, en los últimos tres años, la única medida de alivio para el presupuesto de la Seguridad Social está en la separación de las fuentes de financiación, una estrategia de drenaje de los denominados gastos impropios que soporta el sistema -principalmente aquellos de carácter no contributivo como subvenciones, política de empleo o ayudas para la conciliación familiar- y que se calcula en 23.000 millones de euros. Estos se prevén cubrir todos los años a través de una transferencia procedente del Presupuesto General y para 2023 alcanzará los 19.000 millones de euros.

Con todo, el balance de la Seguridad Social muestra al cierre de 2022 las heridas abiertas por la pandemia y el maná de ayudas que se ha dispuesto en los tres últimos años, pero también da señas de una cuenta que al Gobierno lleva sin salirle ya algo más de una década, desde que el PP echara mano del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder atender los pagos del sistema -en 2012 se dispuso de 7.000 millones procedentes de la conocida como 'hucha' de las pensiones-. Y es que las contribuciones de los trabajadores en forma de cotizaciones están lejos de cubrir el gasto ordinario de la Seguridad Social.

El resultado de esta coyuntura que ha atravesado el conjunto de la economía española es tozudo. La Seguridad Social registró a finales de noviembre de 2022 una deuda de 106.175 millones de euros, el equivalente a 9 puntos porcentuales del PIB. Teniendo en cuenta que según las últimas cifras oficiales publicadas por el departamento que dirige el ministro José Luis Escrivá sitúan el gasto anual en pensiones en el 11,7% del PIB, la Seguridad Social adeuda casi el equivalente al pago de pensiones durante un año.

Pero al margen de la abultada factura ya conocida que asume cada año el mastodóntico presupuesto de la Seguridad Social, el endeudamiento ha experimentado un salto exponencial desde la llegada del PSOE al Gobierno y con el Ejecutivo de coalición en la presente legislatura. Como se ha mencionado parte se debe al sobreesfuerzo de los tres últimos años pero también a la flama que supone la revalorización de las prestaciones en base al IPC para la cuantía a desembolsar, creciente año tras año. Sin ir más lejos, la prueba está en la subida de 2023 del 8,5% que agregará un gasto de más de 15.000 millones de euros este año.

Para apreciar esta inflamación del gasto, cabe señalar que según recoge la estadística oficial del Banco de España, la deuda de la Seguridad Social ha pasado de los 34.888 millones de euros que registraba cuando Pedro Sánchez accedió a La Moncloa en junio de 2018 -la moción de censura se certificó el 1 de junio de ese año- hasta los 106.175 millones de euros mencionados. Pues bien, la cifra supone un incremento de la deuda asociada al sistema de pensiones de 71.287 millones de euros en los últimos cinco años, por la concesión de créditos por parte del Estado que se acumulan en el pasivo del presupuesto de la Seguridad Social.

En términos porcentuales, el incremento del endeudamiento, al pasar de 34.888 millones a 106.175 millones, supone un 204% más en el último lustro. Es decir, algo más del triple.

Sin embargo, con estas cifras sobre la mesa, conviene aclarar la profundidad y las consecuencias para las cuentas del Estado de esta abultada deuda que aflora de la Seguridad Social. De entrada, cabe recordar que este organismo forma parte de la estructura del Estado, por lo que los problemas financieros que pueda arrojar esta sección del Presupuesto afectan a la totalidad de la economía española.

El Gobierno es consciente de ello. Tratar a la Seguridad Social como un ente ajeno solo sufragado por las cotizaciones que recauda resulta incoherente teniendo en cuenta que el Estado ya inyecta dinero extra al sistema procedente de los recursos activos del Presupuestos: impuestos y emisiones de deuda. Por lo que la deuda de la Seguridad Social es, al final del ciclo, deuda del Estado.

Resulta ilustrativo recoger una cita textual del que fuera ministro de Hacienda en el Gobierno de Mariano Rajoy, Cristóbal Montoro, que en una de sus últimas comparecencia en el Congreso -apenas mes y medio antes de que fructificase la moción de censura- señalaba que las partidas presupuestarias de los todos los organismos de la Administración Pública son comunicantes. Y así sus activos y pasivos. En ese caso, el dirigente de Hacienda se refería a la 'hucha' de las pensiones de la que en ese momento ya había detraído unos 74.000 millones de euros para completar el pago de pensiones.

«La Seguridad Social no está quebrada. La Seguridad Social es una parte de la Administración General del Estado. No sé por qué hay que mirar a la Seguridad Social como si fuera un régimen propio. La Seguridad Social está asegurada por el Estado como lo ha estado siempre, es un departamento de las administraciones públicas, aunque tiene unos ingresos que vienen de un impuesto propio. ¿O es que las cotizaciones sociales no son un impuesto? Las cotizaciones sociales son un impuesto… y no uno de los mejores», relataba en un ejercicio didáctico ante los parlamentarios el exministro Montoro en abril de 2018.

«Somos una administración y una parte de esa administración es la Seguridad Social. Su futuro no depende de una frontera delimitada por el subsistema de cotizaciones. Esa forma de verlo, de manera aislada, es un error», sentenciaba en esa comparecencia en comisión parlamentaria.