El reto de dar forma al futuro desde un presente colmado de incertidumbre

Belén Rodrigo

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12/03/2023
Actualizado 16/03/2023 a las 11:18h.

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El sector de las infraestructuras afronta el ambicioso objetivo de construir un futuro más sostenible, lo que supone contar con construcciones eficientes que contribuyan al proceso de descarbonización y a la digitalización de la economía. No es un viaje sencillo, es costoso y parte de una casilla de salida marcada por la situación de las finanzas públicas y las restricciones estructurales para la inversión. Los fondos europeos pueden ser un acicate para avanzar en este camino sostenible, pero el proceso se enfrenta a una travesía de variadas incertidumbres que acaban por impactar en cualquier ámbito de la economía.

«Las infraestructuras requieren una planificación a largo plazo estable, predecible y que responda a las necesidades del país y a la adecuada dotación para el mantenimiento de las construcciones actuales», afirma Miguel Laserna, socio de Financial Advisory de Deloitte. Considera que la demografía, la descarbonización de la economía y la transformación digital «constituyen tres grandes tendencias que van a tener un impacto positivo para la inversión en infraestructuras en los próximos años». Todas ellas conllevarán inversiones significativas en infraestructuras de transporte, agua, infraestructura social y servicios, «mientras que la descarbonización de la economía supondrá un incremento relevante de la inversión en energías renovables, eficiencia energética de las infraestructuras, movilidad sostenible, agua y medioambiente; y la transformación digital de las empresas y de la sociedad implicará un incremento en las infraestructuras de telecomunicaciones».

Sus perspectivas positivas están impulsadas por estas grandes tendencias, aunque reconoce que se verán afectadas por la situación de las finanzas públicas. «En este contexto, la colaboración público-privada es claramente un instrumento muy apropiado para canalizar la liquidez que todavía hoy existe en los mercados financieros hacia la inversión en infraestructuras en nuestro país».

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Joan Franco, presidente de la Asociación Española de Empresas de Ingeniería Consultoría y Servicios Tecnológicos (Tecniberia), señala que la apuesta de continuidad en las infraestructuras ha de estar basada en cuatro pilares: «La transición ecológica, la transformación digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial». Y a través de estos pilares se deben conseguir distintos retos, entre ellos «colocar a las personas en el centro neurálgico de las decisiones inversoras, la necesidad de descarbonizar el planeta, equilibrar las cuestiones demográficas y a través de la irrupción de la digitalización y nuevas tecnologías, ofrecer soluciones más eficientes, más sostenibles y más adaptadas a la demanda».

Al hablar de sostenibilidad del sector, la digitalización y la tecnología pueden aportar una ventaja competitiva inigualable en el sector de las infraestructuras. «El modelo tradicional ha demostrado ser insuficiente para cubrir las demandas de la sociedad actual ya que el sector de la construcción siempre se ha caracterizado por márgenes pequeños, altos riesgos y productividad baja», indica Alejandro López Navarrete, senior manager de Financial Advisory de Deloitte. «No ha evolucionado tan rápido en la carrera tecnológica en comparación con otras industrias; y es necesario ir un paso más allá del modelo actual o el sector no será capaz de atender a la demanda creciente de infraestructuras en los próximos años», añade. El papel de la tecnología en el ciclo de vida de las infraestructuras es clave en las diferentes fases, desde la oferta, planificación y diseño (más precisión en análisis y estimaciones con Inteligencia Artificial y análisis de datos), la construcción (mejor colaboración con proveedores y productividad en obra) y la operación y gestión (mantenimiento predictivo y mejora de ingresos de activos).

«El uso de 'big data' en el ámbito de las infraestructuras desempeña cada vez más un papel fundamental en la propia gestión de la infraestructuras y su integración hacia el concepto de Smart-City», resalta López Navarrete. A través de la entrada masiva de datos e IA se podrán crear gemelos digitales de las infraestructuras capaces de visualizar la situación actual, diagnosticar incidencias y hacer simulaciones en tiempo real de la infraestructura. «Además, estos datos se integrarán con otras infraestructuras o elementos (tráfico, residuos urbanos, vehículo autónomo, etc.), especialmente en ciudades, y se formarán modelos digitales a escala local, que permitirán estudiar en detalle el efecto de políticas y actuaciones de los distintos grupos de interés en la gestión de la propia ciudad», matiza.

Otro de los focos al hablar de infraestructuras sostenibles está en la transición energética cuyo éxito descansa en «ser capaces de activar (ciudadanos, ecosistemas, energía cercana y circular) y seguir desarrollando (tecnología, inversión, talento, materias primas y regulación)», indica el consultor de Deloitte. Recuerda que para lograr la independencia energética en España y en Europa, el ritmo de inversiones necesarias será muy elevado (1-1,3 billones de euros de inversiones adicionales), «para lo que es necesario generar un entorno favorable de acceso a financiación, retornos sostenibles y seguridad jurídica. Es fundamental el despliegue de la economía circular, de los biocombustibles (líquidos y gases), o del desarrollo del hidrógeno requiere del esfuerzo coordinado de diferentes agentes alrededor de ecosistemas».

La pandemia mundial ya dejó al sector un encarecimiento de los suministros energéticos, así como de determinadas materias primas. «La guerra de Ucrania ha agravado esta situación, afectando seriamente a los precios, a través de las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea así como por la reducción progresiva de la dependencia energética de Rusia», indica Joan Franco, presidente de Tecniberia. Asegura que los precios de muchos servicios que emplean las empresas, de los materiales y de la energía siguen siendo muy superiores a los de 2020 poniendo en peligro el cumplimiento de los contratos. «A esto hay que añadir que el nuevo convenio del sector firmado recientemente supondrá alzas en los salarios en consonancia con la inflación creciente. Las cláusulas de revisión de precios tienen su origen en el interés público para evitar que los incrementos imprevisibles y desproporcionados de los contratos no permitan su ejecución», matiza.

Previamente, en los contratos de servicios, como los de ingeniería y arquitectura, se permitía la cláusula de revisión de precios, cláusula que ahora ya no se permite. «Es fundamental corregir esta desviación en los precios, actualizando los presupuestos iniciales de los contratos e incluyendo cláusulas de revisiones de precios, dado que producen efectos perjudiciales en la estabilidad económico-financiera de las compañías del sector y, por consiguiente, en la economía nacional», añade.

Sobre las medidas de excepción que el Gobierno planteó para mitigar esta subida de precios en el sector, como la revisión al alza de los precios de los contratos públicos, Joan Franco afirma que «desde el punto de vista de las empresas españolas de ingeniería y arquitectura, hemos de avanzar mucho más en la corrección y actualización de los precios iniciales de los contratos. Es fundamental reconocer el carácter intelectual de la labor desarrollada por las empresas de ingeniería». No puede ignorarse que el coste del trabajo depende de las personas que lo realizan (ingenieros, arquitectos, profesionales STEM,…), del tiempo que le dedican y de un factor de organización que cubre los gastos generales, formación, innovación y puesta al día del conocimiento de la empresa.

Cree que una medida adecuada en este sentido sería alinearse con los criterios adoptados por los Contratos para las Acciones Exteriores de la Unión Europea y los de los Organismos Multilaterales, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Asiático de Desarrollo, Banco Africano de Desarrollo y las Agencias Nacionales de Ayuda al Desarrollo ( francesa, alemana, británica, etc.). «En los que la adjudicación de los contratos se fundamenta en el conocimiento técnico y en menor medida, el 20%, en la propuesta económica», indica Franco.

Los fondos europeos pueden convertirse en la palanca decisiva para la transformación de las infraestructuras. Pero, hasta el momento, tan sólo el 6,7% de estos fondos Next Generation se han destinado a infraestructuras, es decir, 11.619 millones de euros de los 173.525 totales, pese a su efecto multiplicador en la actividad económica y el empleo. En cuanto a su impacto sobre las empresas de ingeniería «se deriva fundamentalmente del incremento de licitación pública para la creación de infraestructura pública y de la dotación de transferencias al Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana destinadas al sector privado», explica Joan Franco. Y aun considerando reducido el volumen de subvenciones del programa Next Generation, «estimamos que ha incidido de manera positiva en la inversión de infraestructura pública. Existe, asimismo, un retraso en la ejecución de las inversiones que obligará a modificar los plazos de ejecución más allá del 2026».

Para Miguel Laserna, socio de Financial Advisory de Deloitte, los fondos europeos deberán tener un impacto positivo en el sector en un doble sentido. «Por una parte promoviendo infraestructuras que respondan a los pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia», resalta el consultor. Y, por otro, «implementando mecanismos de ayudas que ayuden al sector a mejorar su eficiencia operativa y la transición hacia formas constructivas más compatibles con los objetivos de sostenibilidad, reducción de la siniestralidad laboral y ampliación del parque de vivienda asequible».

Desde la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructura (Seopan) consideran necesaria una inversión mínima de 253.000 millones de euros hasta 2030 para poder modernizar las infraestructuras españolas. Una cantidad que no contempla las últimas decisiones de la CE que supondrán un mayor desembolso económico para poder cumplir los requisitos de la Directiva de Tratamiento de Aguas Residuales Urbanas, revisar el Pniec a los nuevos hitos introducidos en el REPowerEU y el desarrollo de otras infraestructuras innovadores a escala nacional como redes de frío calor a nivel distrito, o trasvases de agua de mar al interior para su utilización en abastecimiento, regadío, y otros usos.

La principal dificultad para contar con infraestructuras, edificios y viviendas eficientes que contribuyan al proceso de descarbonización estriba en los costos, «especialmente cuando se trata de adecuar emplazamientos existentes. Las inversiones necesarias para realizar mejoras sustanciales pueden ser elevadas, especialmente en el caso de edificios antiguos que pueden requerir una renovación integral», resalta Andrés Schuschny, docente en el Máster Universitario en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad Internacional de Valencia (VIU). Por otro lado, si bien los altos precios de la energía incentivan el ahorro energético «suele haber poca conciencia por parte de los propietarios acerca de los potenciales de ahorro, así como de los incentivos que pudieran existir para realizar adecuaciones. También puede darse el caso de normativas inadecuadas o poco exigentes o incluso dificultades de índole técnica.

Schuschny recuerda igualmente que España inició un sendero hacia la sostenibilidad procurando aprovechar tanto como sea posible sus potenciales. «Según el Informe sobre el Estado Global de las Energías Renovables 2022 de la organización REN21, España es el octavo país del mundo en capacidad instalada de energía renovable representando el 3% de los incrementos globales en energía solar fotovoltaica y es el segundo país de Europa en capacidad instalada eólica después de Alemania», puntualiza.

Por otro lado, «se está avanzando rápidamente en la promoción de la movilidad sostenible a través de incentivar el cambio modal en el transporte». Entre los logros ya conseguidos el docente de la VIU habla del sistema de Calificación Energética de los Edificios «que permite evaluar y comparar los niveles de eficiencia energética en las viviendas y, a su vez, en muchos edificios públicos, a modo de señalamiento cultural, se han implementado ambiciosas medidas de ahorro energético». Sin olvidar que el país «cuenta con un sistema de gestión de residuos que es considerado como uno de los más avanzados de Europa».