El relato 'indepe' de la fuga de empresas: una falsa operación de Estado

Durante muchos años, el independentismo minimizó el impacto negativo del 'procés', particularmente la importancia de la pérdida de sedes empresariales. Las cifras no obstante son claras. Se estima que en el año y medio posterior al 1 de octubre de 2017 hasta 2.000 compañías dejaron Cataluña, una cifra que alcanzaba las 8.934 sociedades a noviembre del pasado año, según los datos proporcionados a ABC por los Registradores de España. El saldo neto entre las empresas que salen de Cataluña y las que acoge es un indicador claro de la pérdida de pujanza económica de una Comunidad Autónoma en la que los años del 'procés' se califican ya como la década pérdida.

Resulta difícil hacer una estimación sobre los sectores más afectados, pero sí se sabe que la marcha afectó a firmas de todos los tamaños: las del IBEX prácticamente en pleno -marcharon todas menos Grifols, y la única que regresó fue Agbar-, pero también pymes, o incluso firmas de pequeño tamaño, que optaron por la diáspora buscando estabilidad. Una estampida que ahora se trata de revertir. Los partidos constitucionalistas y las organizaciones empresariales por la vía de recetar normalidad y estabilidad institucional. Junts a partir de la receta de incentivos y sanciones.

Un hecho determinante facilitó estos traslados, el conocido como «decreto De Guindos» (6 de octubre de 2017), según el cual las empresas podían decidir su cambio de sede sin pasar por el acuerdo de la junta de accionistas. De siempre, el independentismo ha asegurado que el citado decreto y la decisión de las empresas respondían en realidad a una operación de Estado, en el que llegaron a acusar incluso al Rey de intervenir directamente por supuestamente haber presionado a las compañías para que marchasen.

El papel de las entidades bancarías, CaixaBank y Sabadell, habría resultado determinante, según ese relato, sometiéndose a esas presiones y propiciando un efecto arrastre que llevó al resto de firmas a seguir su ejemplo. La explicación es probablemente menos conspirativa, y como se ha explicado de manera reiterada, fueron esas entidades y la gran empresa catalana las que demandaron al Gobierno la necesidad de aprobar un decreto que les permitiese la marcha, como efectivamente hicieron.

Lo explicaron con precisión los máximos directivos de las dos entidades bancarias en el Parlamento catalán en febrero de 2020, en el marco de una comisión de investigación sobre la aplicación del artículo 155 que acabó girándose en contra de la pretensión independentista. Con datos y citas concretas desmontaron la conspiración. No hubo complot, más bien un movimiento para salvaguardar el negocio. «Los ahorros de la gente son sagrados. Y a veces hay que tomar decisiones difíciles en momentos difíciles. Y eso hicimos», zanjó el presidente de la fundación bancaria La Caixa, Isidro Fainé.

La situación en esos días oscuros no fue fácil, reconocieron. Entre el referéndum del día 1 y el anuncio del traslado de Caixabank a Valencia (7 de ese mismo mes), la entidad perdió fondos por un valor de 7.000 millones de euros. Banco Sabadell, en el mismo periodo, perdió 4.600 millones, el 57% de los clientes con base en Cataluña. «Teníamos una amplísima liquidez. Pero ese flujo de salida había que pararlo en seco o corríamos el riesgo de caer en un pánico bancario», reconocía el entonces presidente de Caixabank , Jordi Gual, recordando unas jornadas en las que «la sensación era que no se sabía si la ley se aplicaría».

La misma sensación que tuvo el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, para justificar una decisión -traslado a Alicante (5 de octubre)- que, dijo, no fue política sino técnica. «No hubo presiones, ni del Gobierno ni de la Corona», apuntó Oliu desmintiendo también otro de los mitos propagados por el secesionismo, el de una retirada coordinada de fondos de los bancos catalanes por parte de de empresas del Estado. «No sé en qué se basan para decir esto. Rotundamente no, la salida de depósitos fue básicamente de privados», zanjaron Gual y Oliu.

La sesión del Parlament de 2020 acabó también con el relato de que el llamado «decreto De Guindos» fue una operación de Estado contra Cataluña, cuando en realidad fue una demanda de las propias empresas catalanas. «Hablamos con el Gobierno, sí, como creo que hicieron otras», reconoció Gual. Banco Sabadell no tuvo que esperar al citado decreto ya que sus estatutos ya recogían esta posibilidad, tal y como permitía la reforma de 2015 de la Ley de Sociedades de Capital, impulsada, también, desde Cataluña.