El rechazo de los sindicatos a la oferta de Yolanda Díaz fuerza una subida del salario mínimo del 5% en 2024

«Es una línea roja, no vamos a firmar una subida del 4,5%«, señalaba el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, sobre la posibilidad de que el acuerdo bipartito al que apela ahora el gabinete de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, moderara la oferta de los sindicatos y situara el nivel de la revalorización en un nivel intermedio entre su propuesta y la de Trabajo. Nada de eso parece factible. De hecho, Díaz señaló el pasado miércoles que el SMI subirá «mucho» en 2024.

De este modo, todo apunta a que prevalecerá finalmente la propuesta sindical de entre las puestas sobre la mesa en las últimas reuniones del diálogo social, que prevé una subida del 5% del salario mínimo en 2024, hasta los 1.134 euros mensuales.

Sin embargo, desde UGT vuelven a advertir que el debate del SMI no está en el nivel de la subida que se efectúe en este ejercicio -será con carácter retroactivo- sino en la concreción de cuál es el indicador oportuno para observar la evolución de las retribuciones en nuestro país y poder por lo tanto determinar en nivel del salario medio, y el 60% al que se ha comprometido llegar el Gobierno para cumplir con la Carta Social Europea.

Aquí, la central que dirige Álvarez pone negro sobre blanco cuáles son sus consideraciones sobre hasta dónde debería de llegar la revalorización en futuros años. De entrada, se considera como fuentes válidas de información la recogida por la Seguridad Social, la Agencia Tributaria y Eurostat. De ellos, considera el sindicato que el más fiable es del organismo de estudios económicos oficial de la Comisión Europea. Y en base a sus cifras, el 60% del sueldo medio se alcanzaría con los 1.218 euros.

En este punto, durante la rueda de prensa que tuvo lugar este jueves, el secretario general de UGT confirmó que tras la demanda realizada por el sindicato ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por las condiciones en las que se regula en España el despido improcedente, UGT ha elevado ahora una nueva denuncia contra el Reino de España por incumplir otro de los puntos que recoge la Carta Social suscrita por el actual Gobierno que se refiere a la realización de horas extraordinarias por parte de los trabajadores.

Tal y como explica UGT, en España se realizan en torno a 13 millones de horas extras al mes, lo que equivale a 180.000 puestos de trabajo a tiempo completo. Además, advierte la entidad que más de la mitad no se pagan o se pagan ilegalmente y que más de la mitad de trabajadores hacen alguna hora extra. Sin embargo, la Carta Social recoge que las horas extra deberían tener un sobrecoste del 25%.

«Hemos presentado una demanda para denunciar que España no recoge la exigencia de la Carta Social Europea. El objetivo es desincentivar el uso y que se acabe con la situación de horas extras Ilegales« señalaba Álvarez antes de exigir al Gobierno recursos para la inspección de Trabajo. »Está infrafinanciada«, señala al respecto.

En otro orden de asuntos, el sindicato celebró que tras el revés legislativo que encajó el Ejecutivo con la derogación del decreto que regulaba el nuevo subsidio por desempleo ahora el Ministerio de Trabajo se avenga a abrir una mesa de negociación tripartita, también con empresarios, para abordar el decreto y poder realizar aportaciones al texto a las que el equipo de Yolanda Díaz no había dado a lugar en la versión que ha decaído con el voto en contra en el Congreso de Unidas Podemos.

Ahora bien, también desde UGT señalan deficiencias en el texto y ponen dos cuestiones sobre la mesa de cara a estos encuentros que están por venir: pedirán que de alguna manera se conserve la sobrecotización del 125% del SMI para los mayores de 52 años que accedan a un empleo a jornada completa y se reclamará la eliminación del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) como guía general para la actualización de las rentas sociales en nuestro país.

Una propuesta que, más allá, no es baladí en este momento, ya que uno de los aspectos que regulaba el desdichado decreto de reforma del sistema asistencial de desempleo eran las cuantía de la prestación. Y en el caso del subsidio por desempleo es el Iprem el que determina la cuantía. A día de hoy el Iprem se sitúa en los 600 euros, y la cuantía actual del subsidio es del 80%, es decir, 480 euros. En opinión de Álvarez, esta regla es un mero sistema para no elevar la cuantía de las rentas sociales. «En 20 años el Iprem ha subido 140 euros, se ha convertido en un instrumento para no subir las rentas sociales», señalaba el secretario general de UGT.