De Navantia a Correos: la deuda de las empresas de la SEPI se acerca a los 5.000 millones

La mayoría de esa deuda pertenece a Navantia, que ha seguido engrosando su pasivo financiero en los últimos ejercicios. El fabricante naval del Estado incluso tuvo que recibir otro rescate de la SEPI en 2022 para equilibrar su balance. En concreto, el holding público permitió dilatar a Navantia la devolución de tres préstamos participativos que fueron concedidos en 2017 a la empresa y que ahora tienen un valor de 379 millones. Un dinero que tenía que retornar a la SEPI en su totalidad en marzo de 2024. Según reflejaba el balance de la compañía, a cierre de 2022 había recibido financiación del Estado por valor de 1.700 millones de euros.

La empresa acumula 15 ejercicios consecutivos en números rojos y la rentabilidad a largo plazo de sus astilleros sigue siendo cuestionada. La naval pública, sin embargo, sigue defendiendo su viabilidad y justifica su agujero financiero por la necesidad de reforzar sus recursos para poder afrontar los nuevos contratos de defensa nacional y a los compromisos internacionales -1.126 millones de los pedidos corresponden al negocio de defensa-, así como para mantener las capacidades industriales de construcción naval estratégicas.

En total, los astilleros públicos debían cerca de 3.732 millones de euros al cierre del año pasado, ejercicio en el que se anotaron pérdidas por valor de 96,9 millones de euros. Con más de 7.000 millones de euros en su cartera de contrataciones, la previsión de la compañía es la de retomar el rumbo, pero los números rojos persistirán casi con total seguridad en 2023.

El otro gran 'coco' para las obligaciones financieras de la SEPI llega desde Correos. La empresa suma más de 600 millones de euros de deuda, la mayoría de ella acumulada en los últimos años con Sánchez en La Moncloa, y con su exjefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, en la presidencia de la postal pública.

La compañía presentaba antes de la pandemia un balance bastante saneado, pero los ambiciosos, y algunos ruinosos, planes de diversifación del equipo de Serrano en los últimos ejercicios la llevan a una situación casi límite. Entre 2020 y 2022, la empresa ha acumulado pérdidas cercanas a los 600 millones de euros, mientras que a cierre de este ejercicio se prevén unas pérdidas operativas cercanas a los 326 millones de euros.

El pasivo podría ser mucho más abultado de no ser por los créditos fiscales concedidos por la SEPI, que entre 2019 y 2022 rondaron los 50 millones de euros. El balance es tan delicado que la mayor empresa pública por número de trabajadores podría entrar en causa de disolución a lo largo del próximo trienio.

El podio de empresas del holding público que más deuda acumulan lo cierra RTVE. La cadena pública cerró 2022 con 357 millones de euros de pasivo financiero por los 214 millones que tenían pendientes en el año anterior.

El resto de empresas controladas por la SEPI (más del 50% de las acciones) registraban a cierre de 2022 deuda por valor de 56,8 millones de euros. De manera desglosada, Tragsa (18,6 millones), EFE (18,6 millones), Saeca (10,2 millones de euros), Hunosa (5,5 millones de euros), Mercasa (2,5 millones), Hipódromo de la Zarzuela (1,2 millones) y Sepides (200.000 euros) son las firmas con más obligaciones financieras del grupo de Hacienda.

Más allá de las compañías dependientes de la SEPI, otras públicas del Estado también han engrosado su pasivo de manera notoria en el último lustro. Empresas como Renfe y la filial de alta velocidad de Adif (Adif AV), que han visto resentidos sus ingresos por la caída a plomo del tráfico ferroviario durante los años de la crisis sanitaria.

Especialmente preocupante es la deuda del gestor de las infraestructuras ferroviarias que a cierre de 2022 alcanzaba los 18.936 millones de euros. Desde 2019, Adif AV ha acumulado pérdidas por encima de los 1.300 millones de euros y agrandado su agujero financiero en más de 2.000 millones, cuando la previsión era la de estabilizar su balance gracias al aumento de los ingresos que iba a proporcionarle el cobro de los cánones ferroviarios a los nuevos operadores en las líneas de alta velocidad tras la liberalización del sector.

Un rejonazo que se ha extendido también a Renfe, el principal cliente de Adif. La operadora pública se vio obligada a rebajar las frecuencias en los años de pandemia ante la pérdida de demanda y no ha sido hasta 2023 cuando ha recuperado la actividad habitual. A cierre de 2021, acumulaba una deuda por valor de 4.806 millones de euros. Las cuentas de 2022 a nivel grupo aún no han sido remitidas a la Intervención General de la Administración del Estado.