Mazón expresa su respeto por la salida del Sabadell hacia Cataluña y asegura que el banco mantendrá su negocio en la región
El presidente de la entidad, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González Bueno, le comunicaron la decisión esta misma tarde
El banco garantiza que ni la red de oficinas ni los puestos de trabajo en la Comunidad Valenciana se verán afectados
El presidente del gobierno de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado este martes el respeto de la administración valenciana por la decisión adoptada por el Banco Sabadell de reinstaurar su sede social en Cataluña tras siete años radicada en Alicante, adelantada en ... exclusiva por ABC.
«El Consell no puede más que respetar la decisión de la empresa en el ejercicio de su libertad para fijar su sede donde considere«, ha trasladado el gobierno valenciano en una nota circulada en la noche de este martes. El comunicado revela que el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, y el consejero delegado, César González Bueno, han informado esta tarde de su decisión al presidente Mazón.
Los directivos han trasladado al presidente valenciano que el compromiso del Sabadell con la Comunidad Valenciana y con su tejido productivo «se mantiene intacto» pese al traslado de su sede social y le han asegurado que ni la red de oficinas ni los puestos de trabajo del Sabadell en la región se verán afectados por esta decisión.
El Gobierno de la Comunidad Valenciana ha destacado que en estos momentos su prioridad será «garantizar el mantenimiento del empleo y el negocio de esta entidad financiera, así como el flujo de crédito a consumidores, pymes e industrias«, y que así se le ha requerido a los máximos directivos del Sabadell.
El comunicado del gabinete de Mazón destaca que la Comunidad Valenciana es un territorio atractivo para la inversión y que en los últimos meses se han consolidado proyectos estratégicos que supone 7.000 millones de euros de inversión y la creación de 9.000 puestos de trabajo.
El Banco Sabadell anunció el traslado de su sede social a la ciudad de Alicante el 5 de octubre de 2017, apenas cuatro días después de la declaración ilegal de independencia declarada por el Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont y tras sufrir una fuga de depósitos que ponía en riesgo ya no solo su liquidez sino su misma viabilidad.
La decisión de los directivos del banco se produce en pleno proceso de OPA por parte del BBVA y cuando el Gobierno de España ya se ha pronunciado en contra de la operación y a favor de mantener la operativa independiente de ambas entidades bajo el argumento de garantizar unas condiciones mínimas de competencia en el mercado.
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