ajuste de cuentas
Seguridad jurídica
Sánchez ha logrado que toda España esté sometida al desvarío separatista que antes estaba confinado a Cataluña
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«La industria va ahí donde está la energía barata. Por eso durante tanto tiempo se radicó en Alemania a pesar de los costes laborales, hasta que Putin demostró que la energía barata rusa tenía un elevado precio. España, con las energías renovables, tiene hoy ... una oportunidad única de volver a repartir las cartas de la industrialización», explicaba ayer un alto cargo de una empresa energética. «Pero las mismas condiciones de horas de insolación y viento que tiene España las tiene el norte de África. La diferencia crítica para que el dinero elija uno u otro lado es la calidad institucional».
Mientras el directivo formulaba esta reflexión, quedaba claro que el concepto de seguridad jurídica del gobierno de Pedro Sánchez es tan líquido como sus convicciones. Se ha comprobado después del Consejo de Ministros en las intervenciones de Pilar Alegría y Carlos Cuerpo. Mientras más presumían de seguridad jurídica, más evidente era que carecemos de ella. A la propensión natural del sanchismo a improvisar impuestos y arremeter contra el empresariado –a la que tan alegremente se sumó Nadia Calviño en el caso Ferrovial–, ahora se ha añadido la incertidumbre que aportan el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont y sus demandas.
Junts pasó de objetar la reforma de las cuestiones prejudiciales a reclamar cambios legales para forzar el retorno de las empresas que sacaron su sede social de Cataluña. La ocurrencia tiene un nombre: Caixabank y la Fundación bancaria 'la Caixa'. La primera trasladó su sede a Valencia y la segunda a Palma de Mallorca en 2017. Desde hacía tiempo uno de los elementos del catálogo de reproches del separatismo a Sánchez era que no había derogado el decreto de Luis Guindos que en octubre de 2017 facilitó el cambio de sede social. La norma simplificaba el cambio al dejarlo en manos del consejo de administración y ahorrarse el paso por la junta de accionistas.
La cuestión de fondo es que los separatistas nunca han querido asumir que fue su loca carrera al margen de la institucionalidad la que ahuyentó el dinero. Y ahora han decidido contagiar a toda España con su desvarío. Que menos de dos meses después de haber investido a Sánchez, Junts haya puesto en el alero al gobierno progresista no es un error de cálculo del presidente del Gobierno que sabía perfectamente donde se metía. El líder socialista es responsable del espectáculo que España está ofreciendo desde el punto de vista de la calidad institucional y parece que se tendrá que poner amarillo muchas veces.
Sánchez no sólo ha quebrado la confianza de los españoles en sí mismos, promoviendo una acción (la amnistía) al margen del consenso constitucional que ha hecho que una mitad de la población recele profundamente de las intenciones de la otra, sino que está rompiendo la confianza de un sector más acostumbrado a asumir riesgos que el promedio de la población que son los empresarios y los inversores. jmuller@abc.es
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