Ajuste de cuentas
Cómo hundir un sector
El Índice de Arrendamientos dice que el beneficio de un propietario debe estar por debajo del coste de la deuda pública
El nuevo índice creado por el Gobierno obliga a los caseros a revisar el alquiler por debajo del IPC
El Índice de Referencia de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) es la última 'inventada' del Gobierno para intentar controlar los precios del alquiler de los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor de la nefasta, por intervencionista, Ley por el derecho a la ... Vivienda (mayo de 2023). Bajo una fachada de transparencia y equidad, esta medida introduce una regulación que sólo contribuirá a reducir la oferta de vivienda en alquiler, precisamente lo contrario que se necesita ahora para reducir los precios. No estamos ante una herramienta de orientación; estamos ante un mecanismo de intervención que amenaza con distorsionar la dinámica del sector.
A lo largo de la historia, los intentos de controlar precios en mercados como el de la vivienda han generado más problemas que soluciones. Ejemplos clásicos, como las políticas de alquiler en Suecia o Berlín, han demostrado que la imposición de precios reduce los incentivos para construir viviendas y lleva a la desaparición de propiedades del mercado de alquiler. Las colas para acceder a un piso en Berlín o la crisis de oferta en Estocolmo son la evidencia empírica de que estas medidas agravan el problema.
El impacto también se extiende a la inversión. La inseguridad jurídica que genera este tipo de medidas actúa como un repelente para los agentes económicos, tanto nacionales como internacionales. Ningún capital quiere exponerse a un entorno donde las reglas del juego cambian al capricho de decisiones políticas. Esto no sólo afecta a los grandes fondos, sino también a los pequeños ahorradores que buscan protección patrimonial en el mercado inmobiliario.
El índice parte de un error de diagnóstico: asumir que el problema del alquiler en España es una cuestión de precios y no de oferta. En lugar de implementar políticas que fomenten el respeto a la propiedad privada, la construcción de viviendas, la rehabilitación de inmuebles o el desarrollo de un parque público de alquiler, el Gobierno opta por una solución rápida y mediática que ignora las verdaderas causas del problema y que transfiere al sector privado lo que el público ha roto al no crear las condiciones adecuadas. No se entiende que el lucro que debe aceptar un propietario esté por debajo del interés que paga el Estado por su propia deuda.
El PSOE cuenta con numerosos economistas que entienden perfectamente el problema del mercado de la vivienda. Algunos de ellos promovieron en el pasado reformas acertadas. Es más, Pedro Sánchez, que es doctor en Economía, conoce bien cómo funciona este mercado. Sin embargo, la mayoría de ellos se encoge de hombros ante las patrañas de la izquierda radical, temerosos de que los llamen «malas personas». Cuando cuestionas a un ministro socialista sobre el desastre inmobiliario que están provocando, y que no se resolverá en años, se limitan a echar la culpa a Sumar o Podemos, por lo difícil que es compartir gobierno con ellos. Pero de Sánchez, cuya ambición los tiene ahí, no dicen nada. jmuller@abc.es
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