Los inspectores de Hacienda alertan a Illa del «desastre» del cupo

Desde entonces, el 'president' ha dejado muy claro que cumplirá lo pactado con ERC, que no es otra cosa que asumir la recaudación de todos los tributos en su territorio (incluido el impuesto de Sociedades, hoy sólo concertado con País Vasco y Navarra), empezando por la gestión completa del IRPF a partir de 2026. Para lograr esto, en octubre de 2024 Illa anunció que cuadruplicaría los recursos de la Agencia Tributaria Catalana (ATC), y el último hito llegó cuando convocó a una mesa de expertos con el mandato de diseñar la arquitectura de un nuevo modelo basado en «la aportación a los gastos del Estado a través de un porcentaje de participación en los tributos y de una aportación a la solidaridad con las otras comunidades», explicó la Generalitat, y estudiar la asunción por parte de la ATC de los impuestos que ahora gestiona la AEAT.

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Daniel Tercero

Pues bien, ayer la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) remitió una carta al presidente de la Generalitat y a cada uno de los miembros que componen este grupo de expertos instándoles a tener en cuenta los análisis que desde la IHE se vienen realizando y en los que se advierte de las graves consecuencias que tendría la fragmentación de la Agencia Tributaria, cosa que califican de «desastre» con «consecuencias irreversibles para todos los ciudadanos», se lee en la misiva.

En la carta, la IHE remite al documento 'Una Administración tributaria de todos y para todos', que esta asociación presentó el pasado mes de octubre en Córdoba, y en el que se enumeran esas consecuencias perniciosas. La lista es larga, pero en todos los casos se refiere a problemáticas derivadas del fraccionamiento del sistema de recaudación. Entre estas está la imposibilidad de comprobar las deslocalizaciones de personas físicas con domicilio en Cataluña, proceso que la AEAT realiza a partir del análisis de toda la información existente en las bases de datos, efectuado a su vez por la Unidad Central de Coordinación del Control de Patrimonios Relevantes. Con una AEAT troceada, sin las bases de datos comunes y sin las actuaciones de análisis de la Unidad de Grandes Patrimonios, avisan los inspectores, será imposible que los funcionarios estatales o de la ATC detecten a personas que estén falsamente localizadas en otros países pero que realmente tengan residencia efectiva en Cataluña. Por ese mismo motivo, el fraccionamiento, también sería imposible el control de los grandes patrimonios domiciliados en Cataluña, las sociedades multinacionales, las tramas del IVA o el fraude organizado. Son solo algunos perjuicios que han identificado los inspectores. Otro ejemplo es el de la propia recaudación tributaria. Hay que explicar que cuando los contribuyentes no pagan voluntariamente sus deudas, la Agencia Tributaria pone en marcha el procedimiento de apremio para realizar actuaciones de embargo sobre los bienes del deudor en todo el territorio nacional. La ATC no podría hacer tal cosa porque no puede realizar actuaciones de embargo fuera del territorio catalán, por mandato imperativo del artículo 157.2 de la Constitución. En consecuencia, advierte la IHE, los contribuyentes catalanes burlarían el pago simplemente situando los bienes fuera de esa comunidad autónoma.

Ante todo esto, el Gobierno insiste en defender el pacto PSC-ERC como una oportunidad para una reforma del sistema de financiación autonómico, asunto que lleva diez años estancado. Sin embargo, y si de eso se trata, Fedea interpreta este pacto como un mal comienzo. Según explican en un informe que se acaba de hacer público, lejos de profundizar en un sistema federal, el concierto tomaría una deriva confederal en la que la Hacienda central terminaría por quedarse sin recursos para prestar sus funciones esenciales. Porque, lo cierto es que con el actual redactado del pacto el Estado mantiene sus obligaciones en materia de estabilidad macroeconómica, redistribución personal, reequilibrio territorial o pensiones principalmente, pero se verá obligado a hacerles frente renunciando a la gestión tributaria de un territorio equivalente al 20% del PIB.

Fedea no niega que sea necesaria una reforma del sistema autonómico, pero rechaza el actual planteamiento y, por cierto, los argumentos sobre la supuesta infrafinanciación que vienen aportando históricamente los gobiernos nacionalistas en Cataluña. En reiterados informes de Fedea, Cataluña aparece en la media en términos de financiación por habitante ajustado. Además, esa comunidad autónoma se ha caracterizado por incumplir sistemáticamente sus compromisos presupuestarios, y prueba de ello son los informes de la AIReF, que la sitúan entre las autonomías con más deuda acumulada (el 86,2 % de ella, FLA y similares). Es decir, que con una financiación en la media, Cataluña ha venido gastando más que los demás, caso opuesto al que se ha dado en la Comunidad Valenciana, que ha sufrido infrafinanciación. Según Fedea, esto «permite pensar que, en el caso catalán, se trata de un déficit buscado políticamente».