El Gobierno evita rechazar en público el cupo catalán y remite la reforma de la financiación a un diálogo entre todas las CC.AA.

En el día que el Gobierno catalán ha puesto encima de la mesa una propuesta formal para dinamitar el actual sistema de financiación autonómica e instaurar una suerte de sistema de cupo que permitiría a la Generalitat no solo recaudar sino gestionar y regular todos los impuestos que se generan en Cataluña, el Gobierno Central ha decidido ponerse de perfil y no pronunciarse sobre un planteamiento que según todos los expertos volaría los resortes de la solidaridad financiera entre territorios tal y como los conocemos.

Preguntado de forma expresa por la viabilidad de la propuesta de la Generalitat, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha optado por no pronunciarse sobre la propuesta en sí y sustanciar la cuestión con una reflexión general sobre que cualquier reforma del actual sistema de financiación autonómica debe surgir del diálogo entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda.

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Luego ha ido un poco más allá y se ha animado a establecer al menos sobre el papel un límite a cualquier propuesta de reforma que se haga en el modelo de financiación autonómica y ha recalcado que «es clave que el sistema de financiación sirva para generar una suficiencia de recursos para todas las comunidades autónomas», aunque nuevamente lo ha deslizado como reflexión general sin querer entrar a valorar la ambiciosa propuesta realizada por el Gabinete de Pere Aragonés, que replica un tanto la propuesta que Junts forzó al PSOE a incluir en su acuerdo de investidura al menos como un campo de negociación.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, no solo tampoco se ha pronunciado sobre la propuesta de la Generalitat sino que ha girado de forma insospechada el asunto hacia el Partido Popular, al que ha exigido una posición común sobre la financiación autonómica, en respuesta a una pregunta que le interrogaba sobre si la propuesta catalana era compatible con un modelo de financiación con un cierto objetivo de reequilibrio territorial.

Poco después de la rueda de prensa en La Moncloa, la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, se ha pronunciado en parecidos términos, evitando el choque con el presidente catalán, e instando también a las comunidades del PP a llegar a un acuerdo para renovar la financiación autonómica.

Montero ha dicho que la negociación se hará «en el entorno de la Constitución y de los estatutos de autonomía», lo que en principio aleja la propuesta de Aragonès de un cupo a la catalana. Preguntada sobre si entonces no da un no tajante al nuevo pacto fiscal planteado por el independentismo, ha señalado que «un sí no creo que quepa».

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la remisión al Congreso de los Diputados del proyecto de ley que sustenta la aprobación de la nueva Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, cuya tramitación activó la ex vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, en una de sus últimas actuaciones antes de irse al BEI y que el Ministerio de Economía quiere acelerar con el objetivo de que esté operativa antes de 2025, según el 'timing' que ha definido este martes el ministro Carlos Cuerpo.

El proyecto decayó la pasada primavera en plena tramitación parlamentaria por la convocatoria de elecciones generales y según el Ministerio de Economía cierra el círculo del escudo para clientes financieros dispuesto por el Gobierno a través de la adopción de los protocolos de inclusión financiera para mayores y en el ámbito rural y la aprobación de los Códigos de Buenas Prácticas.

La nueva autoridad unificará en un solo órgano, que según subrayó el ministro de Economía tendrá carácter independiente, la tramitación de las quejas que hasta ahora se gestionaban desde el Banco de España, la Comisión Nacional de Competencia y la Dirección General de Seguros y sus resoluciones serán de obligado cumplimiento cuando su importe sea inferior a los 20.000 euros.

La norma convertirá también en disposiciones de obligado cumplimiento para entidades financieras, aseguradoras y gestoras de criptoactivos los compromisos adquiridos por las entidades en códigos de buenas prácticas o protocolos de actuación.