El Gobierno abre el abanico para jubilaciones anticipadas a partir de 52 años a más trabajos de alta peligrosidad

El sistema de admisión para estas nuevas profesiones se establece en un proyecto de real decreto al que ha tenido acceso ABC, en el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para determinar la procedencia del establecimiento de coeficientes reductores que permitan anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Y la norma detalla que las nuevas profesiones que se incluyan en el catálogo de alta peligrosidad y penosidad experimentarán un recargo en la cotización en los años previos a la causa de alta en el sistema de jubilación anticipada «con la finalidad de mantener el equilibrio financiero del sistema».

Tanto el del límite de jubilación a partir de los 52 años como el recargo en la cotización del beneficiario ya están recogidas en el marco que regula las profesiones que actualmente ya operan bajo estos coeficientes reductores específicos que permiten adelantar aún más la salida del mercado laboral. Lo que hace el Gobierno con el decreto actual es establecer un sistema de admisión para nuevas profesiones con algunos elementos clave, que abren una puerta de entrada a este modelo de jubilaciones prematuras a un importante abanico de profesiones que podría resultar en un cientos de miles de nuevos pensionistas con edades a partir de 52 años asociados a estas actividades de riesgo.

Como aspectos fundamentales de este canal de incorporación de profesiones a la jubilación anticipada por alta peligrosidad o penosidad está que las actividades que sean objeto de estudio para su incorporación al sistema serán propuestas por los agentes sociales. «El inicio del procedimiento deberá instarse conjuntamente por las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, si el colectivo afectado está constituido por trabajadores por cuenta ajena; y por las asociaciones representativas de trabajadores autónomos y organizaciones empresariales y sindicales más representativas, cuando se trate de trabajadores por cuenta propia», señala el texto al que ha tenido acceso este medio añadiendo que cuando el procedimiento afecte al personal de las administraciones públicas la iniciativa corresponderá conjuntamente a las organizaciones sindicales más representativas y a la administración de la que dependa el colectivo.

Y como segundo elemento clave, será una comisión tripartita entre administración, patronal y sindicatos, la que valore la procedencia de la solicitud para dar paso al establecimiento de coeficientes de jubilación anticipada mejorada. Su valoración corresponderá a una comisión integrada por los ministerios de Seguridad Social, Trabajo, Hacienda y Función Pública, junto a las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal «que estará encargada de evaluar y, en su caso, instar la aprobación de los correspondientes reales decretos de reconocimiento de coeficientes reductores», aclara el borrador del decreto que la Seguridad Social ha puesto sobre la mesa de diálogo con patronal y sindicatos.

Además, se aclara que se establecerán los indicadores que acrediten la concurrencia de circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de tales coeficientes a partir de, entre otros, la incidencia, persistencia y duración de los procesos de baja laboral, así como las incapacidades permanentes o fallecimientos que se puedan causar.

El objetivo de la mesa de negociación abierta en Seguridad Social con patronal y sindicatos pasa por el estudio de la incorporación de nuevas profesiones a este catálogo. Si bien, lo que parece el primer paso es este sistema de calificación que provea al sistema de transparencia y pertinencia justificada a la hora de admitir nuevas actividades al sistema de anticipación por alta peligrosidad y penosidad.

Sin embargo, parece que tal y como se ha aquilatado este canal de evaluación y admisión, no sería al menos hasta la segunda mitad del año que se pueda conocer cuáles serán las actividades que se sumen a las ya reconocidas en este sistema (mineros, trabajadores aéreos, del sector ferroviario, artistas, profesionales taurinos, bomberos, miembros del Cuerpo de la Ertzaintza y policías locales).

Tanto en cuanto, esta comisión tripartita encargada del evaluar las nuevas incorporaciones al sistema de jubilación anticipada mejorada se conformará en un plazo de seis meses. «En el plazo de seis meses, mediante Orden del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se creará un grupo de trabajo integrado por representantes de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, Inspección de Trabajo y Seguridad social, asociaciones empresariales y organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal para el estudio y valoración de las ocupaciones, categorías o actividades profesionales en sectores concretos donde los requerimientos físicos o psíquicos del desempeño del trabajo a partir de una edad supongan penosidad, pero no se acrediten elevados índices de morbilidad o mortalidad», señala el decreto en ciernes.