Más de 3 millones de empleados públicos reciben en octubre una subida extra del 0,5% retroactiva a enero
Percibirán un pago único, a la espera de percibir otra «paguilla» del 0,5% si el PIB alcanza este año el 2,1%, lo que dejaría el alza de este año en el 3,5%
El incremento está recogido en el acuerdo suscrito entre Hacienda y UGT y CC.OO., que incluyó un crecimiento del 9,5% para el colectivo entre 2022 y 2024
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El dato de IPC conocido este jueves ha puesto en marcha una incremento salarial adicional del 0,5% para los más de tres millones de empleados públicos que hay en España. Este alza extra forma parte del acuerdo sellado entre Hacienda y los sindicatos UGT y CC.OO. en octubre pasado, pacto del que se descolgó CSIF. Este incluyó para este ejercicio tres incrementos salariales, el primero del 2,5%, que fue la que percibieron en enero, y dos subidas variables del 0,5% ligadas a los precios y a la evolución del PIB.
Pues bien, el primer pago variable estaba condicionado a que la suma del IPC armonizado de 2022 y 2023 hasta septiembre superara el 6%, como así lo ha confirmado Estadística. De esta forma, los empleados públicos verán reflejada ya en las nóminas de octubre un extra del 0,5% y con efectos retroactivos desde el mes de enero.
La segunda subida variable que este año podría percibir el colectivo, de otro medio punto, está condicionada a que el PIB rebase el 2,1%, lo que parece muy factible si se tienen en cuenta las última previsiones de la Comisión Europea. De darse el caso, el crecimiento de los sueldos de los empleados públicos para ejercicio habrá sido del 3,5%.
Y para 2024 la subida prevista en el «Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI» parte de un 2%, con otro extra de 0,5% si persiste la espiral del precios, lo que llevaría el incremento al 2,5%. En este caso el plus se activaría si el IPC medio acumulado entre 2022, 2023 y 2024 supera el 8%.
El acuerdo de Hacienda con los sindicatos también incluyó mejoras de las condiciones laborales que venían reclamando los sindicatos, entre ellas una rebaja de la jornada laboral a 35 horas semanales, además mejoras para la promoción interna y para el acceso de personal laboral externo. El compromiso recoge igualmente el desarrollo de la ley de Función Pública, mejores condiciones para el teletrabajo..
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Ahora que el INE ha confirmado que esta cifra se ha superado –salvo que se produzca una revisión sin precedentes dentro de dos semanas–, el Consejo de Ministros debe aprobar la aplicación de este incremento para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta será el último paso antes de que los empleados públicos vean reflejado el incremento salarial en sus nóminas.
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