La designación de una afín a Montero como consejera de Hacienda en Londres provoca otro terremoto interno en el Ministerio

Según ha podido confirmar ABC, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, la plataforma que representa al 90% de los profesionales de uno de los cuerpos de élite más poderosos e influyentes de la Administración, ha decidido recurrir la designación para el puesto de la exalto cargo de Hacienda, miembro del cuerpo de administradores civiles del estado, ajeno al Ministerio, «al objeto de conocer cuáles han sido los criterios y la evaluación de méritos que se han tenido en cuenta para su elección por delante de otros posibles candidatos en un puesto que a nuestro juicio requiere un grado de especialización alto», explica la presidenta del colectivo, Ana de la Herrán.

Noticia Relacionada

Montero se da seis meses para reorganizar a su antojo la actual estructura de personal del Estado

Bruno Pérez

Los cuerpos de élite de la Administración temen que Hacienda utilice este periodo para promocionar por las bravas a los colectivos más afines al Gobierno

El nombramiento de Marta de Andrés, mano derecha desde junio de 2018 de la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Paneque, una de las personas de máxima confianza que María Jesús Montero se trajo de su equipo de la Junta de Andalucía para configurar el núcleo duro de su equipo ministerial, ha levantado ampollas entre el colectivo de los inspectores de Hacienda del Estado, que observan el movimiento como una muestra de desconsideración hacia sus miembros, según señalan varios miembros del colectivo consultados.

La asociación de Inspectores de Hacienda ha advertido en varias ocasiones de los riesgos del exceso de cargos nombrados por el método de libre designación y ha alertado sobre los riesgos de politización de la Agencia Tributaria que se esconden tras esta forma de designar a los principales cargos de la estructura de Hacienda.

Uno de sus principales motivos de indignación es que el real decreto que regula la provisión de puestos en las consejerías de finanzas de las misiones diplomáticas del Reino de España señala expresamente que estos deberán cubrirse de forma preferente o bien con miembros de alguno de los cuerpos superiores vinculados al Ministerio, los inspectores de Hacienda del Estado o los interventores y auditores del Estado, o bien con abogados del Estado que acrediten al menos cinco años de experiencia en un cargo de responsabilidad en el Ministerio de Hacienda.

Las fuentes consultadas sostienen que esa disposición no es gratuita sino que está en la norma por el grado de especialización del puesto. Las consejerías de finanzas son una suerte de embajadas de Hacienda en los países en que España tiene mayores intereses económicos, y asesoran y resuelven las cuestiones que tienen que ver con sus competencias en el territorio, lo que puede incluir aspectos de cumplimiento tributario, fiscalidad internacional, contabilidad pública o cuestiones catastrales, lo que requiere no solo un profundo conocimiento de la normativa tributaria sino también cierta experiencia en negociaciones internacionales, que las fuentes consultadas echan menos en la candidata elegida.

«El proceso ha sido impoluto y la persona elegida se abstuvo en todo el procedimiento», señalaban ayer desde el Ministerio de Hacienda, en respuesta a las dudas en torno a un proceso de selección sustanciado dentro de la propia Subsecretaría de Hacienda, de la que la candidata elegida era un alto cargo relevante.

Hacienda rechaza también cualquier sombra de duda sobre la competencia para el puesto de la exsecretaria general técnica del Ministerio en base a su no pertenencia a un cuerpo especial de Hacienda. «Este tipo de cargos han sido ocupados por otros cuerpos como diplomáticos o abogados del Estado. Los requisitos han sido los mismos para todos los puestos de consejeros de finanzas que se han nombrado», añadían estas mismas fuentes.

Lo que los requisitos idénticos no soporta la comparación entre los dos últimos procesos. En esta ocasión la convocatoria solo establecía dos requisitos: «conocimientos en materia tributaria, aduanera y presupuestaria, especialmente en aspectos internacionales; y alto nivel de inglés». En la de 2017 se requirió además experiencia en reuniones internacionales, conocimientos del derecho internacional y de contratación pública.