El Banco de España vuelve a cuestionar la subida de las pensiones y augura que costará más de lo que calcula el Gobierno
Amonesta al Ejecutivo por gastarse todos los ingresos extra derivados de la inflación y recuerda lo que ocurrió en el 'boom inmobiliario'
Urge un plan de consolidación fiscal para salvaguardar la credibilidad de España ante los mercados de capitales
Los más de 190.000 millones de euros que el Gobierno ha presupuestado para sufragar el histórico gasto en pensiones que se espera para el año 2023, en el que éstas experimentarán una revalorización del 8,5% como consecuencia de la aplicación de la recién ... estrenada actualización de las pensiones en función del IPC que se recoge en la reforma de las pensiones, podrían incluso quedarse cortos. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha advertido este lunes en su esperada comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso para valorar el proyecto presupuestario del Gobierno que la institución observa riesgos de desviación al alza en la partida del gasto en pensiones, así como en otras también muy relevantes de las cuentas públicas como la de prestaciones por desempleo y la de gastos financieros, determinada principalmente por el coste de hacer frente al pago de la deuda pública española.
Pese a que la partida presupuestaria para pensiones contributivas experimenta un crecimiento cercano al 10% en el proyecto gubernamental (9,7%), el Banco de España entiende que hay motivos para pensar que esa factura puede ser todavía más alta. Para empezar ese incremento está calculado sobre la base de que el IPC cerrará el mes de noviembre, el que se tendrá en cuenta para estimar la revalorización de las pensiones, en el 8,5%, ligeramente por debajo del 8,7% que espera el supervisor. Sobre la base de que cada punto porcentual de incremento del IPC tiene un coste de 1.800 millones sobre el gasto en pensiones, solo ese pequeño desajuste añadiría 300 millones de euros más al gasto en pensiones. La cifra puede parecer pequeña en relación a los más de 190.000 millones de euros presupuestados para pagar las pensiones, pero equivale, por ejemplo, a los ingresos de todo un año por la célebre 'Tasa Google', al coste de rebajar los bonos de transporte público durante un semestre o al presupuesto de todo un año del programa de protección a las familias y apoyo a la pobreza infantil.
El cálculo del Gobierno se realiza, además, explica el Banco de España, sobre la base de que el número de pensiones se incrementará un 0,7% en 2023, dos décimas menos de lo esperado en 2022 y de la media de los años años anteriores; y de que la pensión media de entrada al sistema apenas subirá un 0,5% en 2023, cuando en 2022 lo ha hecho en un 1,2% y la media de crecimiento de los cinco años anteriores fue del 1,6%, razones que le llevan a advertir de los riesgos al alza en esta partida.
Después del ruido levantado por sus reflexiones críticas a lo largo de los últimos meses sobre la actualización general de las pensiones en un contexto de fuertes presiones inflacionistas como el actual, Hernández de Cos ha eludido de forma expresa criticar de forma directa la subida de todas las pensiones en función del IPC, pero sí ha vuelto a recordar de forma general que en el actual contexto las medidas de protección de rentas por parte del Gobierno deberían ser temporales y orientadas de forma exclusiva a los tramos más vulnerables de la población y también la necesidad de "evitar las cláusulas de indiciación automática de los gastos públicos con la inflación".
Preocupación por el tono de la política fiscal
El gobernador ha enfatizado la necesidad de un giro respecto a la política fiscal aplicada durante la pandemia e incluso durante la primera fase de la crisis energética. "Si en la pandemia respaldamos la necesidad de un impulso fiscal generalizado, ahora creemos que se debe evitar ese impulso generalizado y éste debe ser temporal y restringido a las rentas más bajas y a las empresas más vulnerables", ha advertido.
Hernández de Cos no ha ocultado su inquietud con el tono de la política fiscal. Ha lamentado, por ejemplo, que la catarata de ingresos que han entrado en la caja del Estado en los últimos años a cuenta del crecimiento económico y de la inflación no se haya utilizado para reducir el déficit estructural de las cuentas públicas españolas, que según las estimaciones del Banco de España continúa en el 3,4% del PIB, en el mismo nivel que antes de la pandemia.
En este sentido, ha advertido de que una parte no menor de esos ingresos extra no se pueden explicar por el crecimiento del empleo o el crecimiento económico y hay serias dudas sobre que tengan una naturaleza estructural. "Ya tenemos experiencia de lo que puede suceder en estos casos por lo que ocurrió en el 'boom' inmobiliario", ha advertido el gobernador, que sin comparar una situación con la otra sí ha escogido esa referencia para ilustrar lo que puede ocurrir cuando una administración sufraga un incremento estructural de los gastos con ingresos coyunturales.
El Banco de España sigue apreciando vulnerabilidad en las cuentas públicas españolas y ha vuelto a solicitar un Pacto de Rentas y un plan urgente de consolidación fiscal para apuntalar la credibilidad del país en los mercados, "que es más relevante todavía en un contexto de incertidumbre como el actual", ha recalcado.
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