Las aerolíneas defienden la liberalización de las torres de control frenada por el Gobierno: «Ha reducido los costes y el precio de los billetes»

En su escrito, la asociación que representa al 85% del tráfico aéreo español se apoya en el Estudio de los Servicios de Tránsito Aéreo en España que la CNMC publicó en 2018 y que pone cifras a los primeros años de operativa de las torres que fueron privatizadas en 2011. Este informe cuantifica que entre 2012 y 2017, el coste de prestación del servicio de tránsito de aeródromo por movimiento se redujo en un 60% en las torres licitadas frente a un 15% en las no liberalizadas en el mismo periodo.

Una reducción del gasto que se acaba traspasando a los pasajeros, según las aerolíneas. Desde ALA recuerdan que el marco regulatorio aeroportuario, establecido por la Ley 18/2014, está basado en la «recuperación de los costes esperados y reconocidos por el regulador», lo que implica que «cualquier ahorro de costes o mejora de eficiencia obtenida por Aena acaba traspasándose a los usuarios mediante unas tarifas aeroportuarias más bajas, a través del mecanismo del DORA».

De hecho, señalan que la liberalización de las torres han tenido un efecto directo en el hecho de que el gestor de los aeropuertos españoles haya congelado o bajado en términos nominales desde 2015 las tarifas aeroportuarias a las compañías aéreas. «Lo que ha redundado en un incremento del tráfico aéreo, de la conectividad y una mayor competitividad de los billetes».

Pero el argumentario de las aerolíneas para que se acelere el procedimiento es mucho más extenso. La patronal que representa a Iberia, Air Europa, Vueling, Ryanair o Easyjet, apunta a que la liberalización está «completamente alineada» con las conclusiones del informe solicitado por la Comisión Europea al Grupo de Sabios sobre el futuro del Cielo Único Europeo. Recuerdan que en ese texto se «aconsejaba a los aeropuertos contratar los servicios de torre de control a través de concursos competitivos o contratos, donde sea operacionalmente factible e impacte positivamente a los usuarios». En este sentido, ALA recuerda que países europeos como Reino Unido, Suecia o Alemania ya han iniciado estos procesos.

En todo caso, las aerolíneas dejan claro que en su posicionamiento no va en contra de la gestora del Estado, Enaire. De hecho, muestran su apoyo a que se realicen los cambios legislativos necesarios para que la empresa pública «se pueda presentar a este proceso de competencia por el mercado, de forma que en el caso de que su oferta fuese más competitiva que la del resto de licitadores pudiese seguir siendo el proveedor de servicios de tránsito de aeródromo en una o más de las torres en cuestión».

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Finalmente, desde ALA abogan porque el proceso de liberalización se lleve a cabo lo antes posible teniendo en cuenta la experiencia de la primera tanda liberalizadora, que fue licitada en 2011, pero no empezó a ser gestionada por los operadores privados hasta 2013. «Es imprescindible que se comience este nuevo proceso a la mayor brevedad posible, ya que no será hasta 2025 o incluso 2026 cuando se culmine».

De cara a los próximos años, las aerolíneas piden (apoyadas en la CNMC) que la liberalización no se límite a los servicios de tránsito por aeropuerto, sino también a los de aproximación «y de esta forma seguir mejorando la eficiencia del sistema en su conjunto».

Así las cosas, el Ministerio de Transportes lanzó una orden ministerial el mes pasado para llevar a cabo el proceso de liberalización de las torres de los aeropuertos de Bilbao, Santiago-Rosalía de Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canarias, Tenerife Sur y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna. Infraestructuras que suman un tercio del tráfico aéreo español.

La propuesta fue bien acogida por las aerolíneas y Aena, pero generó un gran revuelo entre los controladores aéreos de Enaire que entienden que este movimiento es innecesario económicamente, «significa detraer ingresos de una empresa pública para dársela a una privada», y lleva implicado la recolocación de trabajadores en otros aeropuertos.

De momento, la liberalización de las siete torres ha sido frenada en el Congreso. El Gobierno llegó a un acuerdo la semana pasada con Bildu, Esquerra Republicana (ERC) y BNG para llevar a cabo una revisión de la orden ministerial. Una parálisis en la que también ha sido clave la intervención de Unidas Podemos que desde el primer momento se ha puesto del lado de los sindicatos de los controladores del Estado y continúa presionando a sus socios de Ejecutivo para revocar la privatización.