dopaje
Alboroto, ataques y defensa en el antidopaje español
EL CSD envía a la Fiscalía un informe con posibles anomalías de la Agencia Antidopaje y su presidente, José Luis Terreros, se explica en ABC
El juez sienta en el banquillo al número 3 de Antidopaje
La gota de sangre seca revoluciona los controles
Hay mar de fondo en el antidopaje español con imprevisibles consecuencias porque el asunto se puede judicializar. El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha enviado a la Fiscalía General del Estado un informe elaborado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, por si apreciase indicios de delito o irregularidad por parte de la Agencia Española Antidopaje (CELAD) en la tramitación de controles y en la resolución de expedientes de deportistas que dieron positivo.
Es decir, el nuevo presidente del CSD, el exministro de Educación José Manuel Rodríguez Uribes, ofrece que se investigue a un organismo que depende de sus competencias. El director del CELAD, José Luis Terreros, explica en ABC la situación originada.
El pasado 26 de diciembre, 'El diario.es' informó de la reapertura del expediente sancionador del atleta Patrick Chinedu, un velocista nigeriano nacionalizado español que compitió con la camiseta de la selección y que dio positivo por nandrolona, un anabolizante clásico en las pruebas de velocidad del atletismo, en 2019.
El velocista nunca fue sancionado oficialmente por el exceso de celo que rige en la Agencia Antidopaje y el miedo a pillarse los dedos, como sucedió con el caso del ciclista Ibai Salas, primero declarado positivo por valores anómalos en su pasaporte biológico, después exonerado por una sentencia judicial que declaraba inválido este método de prueba y, si el caso continuase hoy, de nuevo en proceso de sanción por el Real Decreto que actualiza la Ley Antidopaje en España según el cual el pasaporte biológico sí es considerado una fórmula para castigar al tramposo por dopaje.
En octubre de 2021, cuando aún se estaban tramitando alegaciones y recursos de Chinedu, hubo una sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se obligaba a la Agencia Antidopaje a realizar los controles con dos agentes acreditados. «La Audiencia Nacional dictaminó que para que los controles fueran válidos tenía que haber dos agentes. Y nos pusimos a revisar todos los casos en los que pudo haber solo un agente. El procedimiento de Chinedu aún está en proceso de investigación. Si hubo solo un agente, no se le podrá sancionar», comenta Terreros.
El trámite burocrático no parece tan complicado, saber si hubo en ese caso, uno o dos oficiales acreditados. «No es tan sencillo, en el formulario de control solo hay espacio para uno. Y la otra casilla la firma el deportista. Imagina, por ejemplo, un campeonato de España con cinco mesas de control antidopaje. Hay cinco agentes, pero solo firma uno el formulario, no firman los cinco. Cuando se habla de controles irregulares, se habla de esto. Todo cambió con la sentencia de 2021. En 2022 no se hizo un control con un solo agente. Y cuando se contrató a PWC (la agencia que realiza los controles) en 2015, la ley obligaba a hacerlo con un oficial», explica Terreros.
Cinco casos de pasaporte biológico
Respecto a los casos congelados por las idas y venidas legales del pasaporte biológico, el director de la CELAD asegura: «Teníamos tres casos (positivos) de pasaporte biológico cuando llegó la sentencia judicial y yo me puse en contacto con la AMA (Agencia Mundial Antidopaje) para que los sancionaran las federaciones internacionales de sus deportes. Y había otros dos casos cuyos expedientes no estaban abiertos y están ahora en fase de resolución. En breve serán sancionados. No quiero que los tramposos españoles compitan como si nada».
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes elaboró el informe con las presuntas irregularidades a partir de una denuncia, se entiende que no anónima puesto que ha sido tramitada por el CSD y remitida a la Fiscalía General, que ahora decidirá si hay visos para investigar y en qué instancia.
Como en la Operación Puerto y su juicio siete años después por un delito contra la salud pública con el arcón de Eufemiano Fuentes cargado de bolsas de sangre, o en la Operación Galgo que quedó en nada, o en la pregunta del Príncipe Alberto de Mónaco que costó muy cara en el proceso de designación de los Juegos Olímpicos nunca asignados a Madrid, el antidopaje español es motivo de conflicto.
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