ABC CORDOBA 20-03-2025 página 36

Yolanda Díaz, ayer en el Congreso // JAIME GARCÍA daniel caballero madrid El millonario gasto en defensa que proyecta la Unión Europea para los próximos años no solo ha de venir del sector público -donde se estima un despliegue de 800.000 millones de euros- sino que también se pretende involucrar a la banca en todas estas inversiones. Aunque la idea de rearme comunitario todavía está en su fase más inicial, ya hay alguna entidad financiera que ha mostrado su disposición a financiar el desembolso millonario que vendrá: BNP Paribas. BNP es un banco francés con presencia en más de 60 países y es la entidad más grande de toda la UE con 2,7 billones de euros en activos. Un gigante que ya ha comunicado al mercado "su compromiso de apoyar la financiación de las empresas del sector de la defensa" en Europa. El grupo brinda su apoyo tanto a grandes corporaciones como a pymes para llevar a cabo sus proyectos en estos próximos años. Y promete no quedarse solamente en dar financiación sino que se ofrece para participar en garantías financieras, deuda, gestión de activos e inversiones directas. "Gracias a su experiencia, BNP Paribas se compromete plenamente a apoyar el desarrollo previsto en el sector de la defensa y a satisfacer las necesidades futuras de sus clientes en este ámbito", indica el banco francés. Más allá de esta entidad, el resto del sector permanece a la espera de futuros movimientos. En España, la gran banca de momento no ha cambiado su discurso. Es un ámbito que ya se financia, pero ninguno de los tres bancos nacionales más grandes -Banco Santander, BBVA y Caixabank- ha acometido de momento ningún cambio en su política. La política de estas entidades permanece inmutable de momento y se mantienen a la espera. En esa política vienen recogidos los criterios y objetivos que utilizan para financiar al sector de la defensa, como son el respeto de los derechos humanos, no entrar en armas nucleares, etc. La realidad es que apoyar este ámbito de actividad es algo que en las últimas décadas no ha estado bien visto a nivel social, ante lo que las entidades suelen optar por la cautela. A nivel europeo sí que ha habido algún pronunciamiento más. Deutsche Bank, la principal entidad alemana, no ha llegado a comunicar su apoyo férreo al sector como sí ha hecho su homólogo francés, pero sí que se ha pronunciado sobre las necesidades que vienen y los cambios que se necesitarían. Fabrizio Campelli, jefe de banca corporativa y de inversión y miembro del consejo de Deutsche Bank, dijo recientemente en un discurso que Europa afronta dificultades para el despliegue de los recursos que se necesita, ante lo que lanzó varias recomendaciones. Entre esas recomendaciones está facilitar a la banca la financiación e inversión en defensa simplificando los marcos regulatorios y reformar los mercados de capitales. La regulación Precisamente el tema de la regulación es uno de los aspectos en lo que más inciden los bancos en su conjunto como catalizador para una mayor financiación del gasto en defensa. Y también se incide en ello desde el Banco de España. El gobernador, José Luis Escrivá, señaló hace escasos días en un evento organizado por la Asociación Español de Banca (AEB) que el compromiso de reforzarse en defensa plantea "retos importantes" desde el sector público. Desde la esfera privada, Escrivá desveló que "la financiación bancaria al sector defensa se sitúa en niveles muy reducidos". El gobernador reconoce que este tipo de apuestas presentan características especiales como una mayor incertidumbre y "estrictas exigencias normativas". En este sentido, pidió evaluar "si el actual marco regulatorio y supervisor ofrece los incentivos adecuados para movilizar la financiación bancaria hacia este tipo de inversiones, y analizar cómo el sector bancario podría desempeñar un papel más activo en este ámbito estratégico". En otras palabras, está reclamando una revisión de la regulación europea ya que lo cierto es que hay elementos como los requisitos de capital para exposiciones de largo plazo que sí traban la financiación a estos proyectos. El mayor banco de Europa se adelanta para financiar el gasto millonario en defensa BNP Paribas muestra su "compromiso", y el sector español aún no mueve fic josé m. camarero madrid Cuando la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, propuso a los empresarios una reducción de jornada a la francesa para atraerles al acuerdo de las 37,5 horas semanales, una de las publicaciones internas del ministerio ya había expresado sus dudas sobre el impacto que las 35 horas aprobadas en Francia hace tres décadas tuvo en términos de empleo, salarios, productividad y competitividad en ese país. La revista Actualidad internacional sociolaboral, que edita el ministerio, había recopilado conclusiones de varios estudios en las que se apuntaba a consecuencias como una "moderación salarial" entre parte de los trabajadores a los que se les redujo la jornada al no ver incrementados sus sueldos tanto como se esperaban tras aplicarse la medida. Estos análisis llegaron a la revista en el número de abril del año pasado, cuando Trabajo llevaba cuatro meses negociando con los agentes sociales los términos de la ley por la que España pasaría de 40 a 37,5 horas laborales. En esa publicación, el consejero de Trabajo en Francia, Daniel J. Solana, resumió varios estudios que concluían, por ejemplo, cómo una parte de los trabajadores galos declararon "una mayor variabilidad de los horarios e intensificación del trabajo como negativos". En especial, apunta el texto, "a los de menor remuneración y cualificación". En varios puntos de esa publicación se incide en que en esos puestos "los efectos" de reducir la jornada fueron "en general, poco beneficiosos". Ponía como ejemplo el sector de la distribución, donde las plantillas no ganaron días extra de vacaciones sino mañanas o tardes libres cuando había pocos clientes. Algo que "no les permitía aprovecharlas al ser ajustes puntuales" y no encajar con sus necesidades familiares. Otro estudio alertaba de que las empresas francesas vieron una disminución de un 3,7% en su productividad total entre 1997 y 2000, los primeros años en los que el país vecino comenzaba a aplicar las 35 horas semanales. Este análisis contrasta con la idea del ministerio por la que la productividad va a aumentar cuando España pase a las 37,5 horas semanales. Menos cotizaciones Esos informes constatan también que fue gracias a la reducción de los costes salariales, derivados de las medidas que se fueron poniendo en marcha para reducir las cotizaciones sociales -con las reformas posteriores que fueron matizando la ley inicial de las 35 horas- los que "compensaron" otros impactos negativos que tuvo aquella medida. Además considera que "no están claramente acreditadas" las ideas de "mejor reparto de trabajo y la teoría de creación de muchos empleos" que también anticipa Yolanda Díaz con su proyecto estrella laboral para esta legislatura. Un informe de Trabajo avisó de los problemas que tuvo el recorte de jornada en Francia Constató la moderación salarial y una menor productividad mientras Díaz negociaba la l La regulación bancaria supone una traba a la financiación a largo plazo, algo que deslizó el gobernador Escrivá