Unos pagos fraccionados llevan a Anticorrupción a acusar de prevaricación a Ángela Mena

La Justicia cerca al presidente canario, o para ser más precisos, a su esposa, Ángela Mena, concejal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. La Fiscalía Anticorrupción ha cursado una denuncia (el pasado 11 de abril) por un delito de prevaricación relacionado con varios contratos menores suscritos en 2009 entre el Área de Participación Ciudadana de la capital tinerfeña —de la que es titular Mena— y tres empresas de servicios.

Las empresas contratadas fueron Innova Gestión de la Calidad Deportiva SL, Área Spa and Fitness SL y Afy Gestión Deportiva SL, cada una beneficiada con 18.000 euros, cantidad a partir de la que los servicios deben ser adjudicados por concurso. Una de las seis facturas ascendió a 17.956 euros, apenas 44 euros por debajo del tope de los contratos menores; otra llegó a los 17.347; una tercera fue firmada por un valor de 17.687; y una cuarta alcanzó los 16.667 euros. Las tres empresas son propiedad de las mismas personas.

La Fiscalía Anticorrupción ha hecho suya la denuncia del partido político Alternativa Sí se Puede, presentada el pasado 19 de enero que se basa, a su vez, en un reconocimiento extrajudicial de créditos aprobado en sesión plenaria el 23 de enero de 2010 y que ya fue reprobado por el ex portavoz del PP Ángel Llanos. El problema surge porque los contratos están relacionados con la misma actividad, la organización de talleres socioeducativos en el municipio, lo que hace innecesario que deban parcelarse los contratos salvo que haya un interés «espúreo», eludir los requisitos de publicidad de las contrataciones públicas beneficiando así a estas empresas, tal y como reconoce la denuncia.

Otra circunstancia significativa del caso es que las tres empresas cuentan con el mismo domicilio (calle Pintor Juan Guillermo, número 6, Las Palmas de Gran Canaria), y coinciden las personas que ostentan los cargos de presidente (Carmen Sosa) y vicepresidente (Cristina Sos). No es de extrañar, según la denuncia, que cuenten con el mismo objeto social dado que a las tres le fueron adjudicados servicios idénticos o similares. El pago de estas facturas, además, contaba con el informe negativo de la Intervención Municipal, que el 30 de diciembre de 2009 ya alertaba de que los contratos eran contrarios a la ley dado que «no puede fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir los requisitos de la ley». Sin embargo, la denunciada obvió los reparos del interventor y aprobó el gasto. Mena conocía a estas empresas tras su paso por el vecino Ayuntamiento de La Laguna, donde fue Jefa de Gabinete de la Alcaldía entre 2003 y 2007. Algunos hechos de esta época también motivaron, en su momento, una denuncia del PSOE.

Las empresas que aparecen en la denuncia con la esposa del presidente canario son merecedoras de la gestión de la mayoría de las instalaciones deportivas de la isla de Tenerife y por eso siempre aparecieron como cercanas a Coalición Canaria, hegemónica en los últimos años.