Uralita, condenada a pagar a 45 personas afectadas por amianto
El Juzgado de Primera Instancia número 46 de Madrid ha obligado a la empresa Uralita a abonar un total de 3,9 millones de euros a 45 ciudadanos afectados por amianto o sus herederos de las localidades barcelonesas de Cerdanyola del Vallés y Ripollés, que reclamaban indemnizaciones por valor de cinco millones de euros.
La sentencia, dictada el pasado 5 de julio, considera «acreditada la relación de causalidad entre la actividad industrial realizada en la factoría de Uralita y la generación de condiciones suficientes y necesarias para un ambiente contaminado en el que habrían de surgir patologías pulmonares en la población circundante a la fábrica o familiares de los trabajadores».
Esta es la primera sentencia que se dicta en España por una demanda civil presentada por un grupo de habitantes de poblaciones próximas a una de las fábricas que utilizaron esta materia prima desde principios del siglo XX hasta su prohibición en 2002. Hasta ahora, sólo existían sentencias por demandas presentadas por trabajadores dictadas por los Juzgados de lo Social.
La empresa recurrirá
Fuentes de Uralita confirmaron a Ep que recurrirán las sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid, ya que considera que siempre cumplió las legislaciones vigentes sobre el tratamiento de amianto que se fueron imponiendo a partir de los años 70, cuando comenzaron a conocerse sus efectos nocivos. Uralita defiende que siempre respetó las legislaciones vigentes y que incluso se adelantó a las restricciones normativas con inversiones de seguridad de más de seis millones de euros. La fábrica de Cerdanyola se cerró en 1997 después de casi 100 años en funcionamiento.
Las indemnizaciones otorgadas son de carácter individual, dependiendo de los diagnósticos médicos, y van desde un máximo de 470.755 euros a un mínimo de 43.078 euros por los daños físicos y morales provocados. La mayoría se vieron afectados por placas pleurales y abestosis, enfermedades que se desarrollan a lo largo de los años y que pueden generar cáncer.
La sentencia concluye que, a pesar de que los efectos nocivos del amianto se fueron conociendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, Uralita incurrió en un «punto de imprudencia» que «no puede eximirla», aunque «se hubiese ajustado a la normativa vigente y a pesar de las medidas de prevención e inversiones».
«Viene a ser una muestra de cómo una práctica dirigida en principio a paliar el subdesarrollo o la falta de infraestructuras de algunas zonas de España en la segunda mitad del siglo pasado, se ha vuelto, con el tiempo, en contra de la población», explica la sentencia.
Satisfacción
Por su parte, tanto el Ayuntamiento de Cerdanyola como la Asociación de Afectados por el Amianto de Cerdanyola y Ripollet han manifestado ayer su satisfacción por la sentencia que condena a Uralita a indemnizar a los vecinos afectados por el polvo de amianto generado por la fábrica que la empresa tenía entre ambas localidades.
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